Por Miguel Angeles Arroyo

Una vez que la administración pública empezó a fincar su futuro a través de la planeación, el anhelado fruto de crecimiento sostenible y sustentable, empezaron a llegar a cuenta gotas. Sin embargo, el esfuerzo no ha sido en vano, ahora existen diversas formas de planeación sustentadas en diversos criterios, que cada uno desde su perspectiva, intenta solventar las necesidades más básicas y destinar recursos para estructurar proyectos que atiendan más que al crecimiento y al desarrollo local. 

El municipio mexicano en la última década, ha sufrido grandes transformaciones, en las reformas efectuadas en diciembre de 1999, se le dota de la posibilidad de administrar de forma más libre su hacienda y de dotarse de los instrumentos jurídicos necesarios para estructurar su vida interna; por lo tanto, la oportunidad histórica de servir mejor a la sociedad en forma coordinada y corresponsable se presenta como un reto cotidiano y perfectible. 

En este sentido, concibiendo al municipio como la instancia de gobierno más cercana la ciudadanía, es que se cobra la conciencia que los cambios y transformaciones nacionales se deben de iniciar desde este orden de gobierno, recordando que sería éste el incubador ideal de nuevas políticas públicas acordes con las necesidades y aspiraciones de una sociedad con gran empuje. 

Ya que la planeación es un paso insalvable en todo proceso democrático de crecimiento, la figura de los presupuestos cobra una inusual importancia, ya que sería aquí donde las propuestas planteadas obtendrían los recursos necesarios para que se transformen en acciones concretas y abandonarían el estatus de buenas intenciones, buscando con ello la justicia social, la equidad, la sustentabilidad, la generación de riqueza y todos aquellos elementos que fomenten el desarrollo en sus distintos ámbitos. 

Hoy, se necesita de la elaboración de un presupuesto que contribuyan a la inclusión social desde un enfoque de derechos que favorezcan la colaboración entre órdenes de gobierno y entre instancias federales con acciones convergentes, esto es, con una perspectiva explícita de transversalidad para asegurar la accesibilidad de todos a todos los derechos, además de contar con indicadores para monitorear los avances y logros de la intervención pública para rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos

La idea es hacer que las acciones de gobierno sean más cercanas a satisfacer de manera eficaz y eficiente las necesidades de su población beneficiada, ya que en la medida que las administraciones municipales tengan un pulso más exacto de la población y la sepan entender de acuerdo a sus diversas necesidades y características, serán cada vez más acertadas sus acciones y se logrará que la planeación y presupuesto cubra la mayoría de sus necesidades. 

Impulsar una política de gasto tiene un impacto indirecto en los Derechos Humanos y no deriva de un propósito explícito de cumplimiento de las obligaciones de estos. El proceso concreto de diseño, negociación y aprobación de la política de gasto está muy lejos de considerar en su lógica una construcción y objetivos de Derechos Humanos.

La discusión sobre el vínculo entre el presupuesto y el enfoque de derechos humanos es de gran relevancia pues cumplir con el mandato constitucional exige superar la visión del equilibrio entre ingreso y gasto como objetivo casi único de la política hacendaria para plantear al presupuesto como el instrumento que permitirá materializar el enfoque de derechos. 

Repensar el ingreso y el gasto gubernamentales bajo el enfoque de derechos implica definir un nuevo punto de partida y obliga a transformar el diseño de las políticas y acciones públicas, exige ir más allá de la acción de las instituciones a las que tradicionalmente se les ha considerado como el núcleo de la problemática de derechos humanos (procuración, impartición y administración de justicia), para reformar el Estado y, en particular, los instrumentos que inciden en la materialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. *NI*

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