Por Miguel Angeles Arroyo 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de vida a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (convención de la Organización de las Naciones Unidas, 2006). El dinamismo social nos ha llevado al desarrollo de políticas públicas en materia de discapacidad, teniendo como retos: la base institucional, el sustento legal y las intervenciones concretas como los planes, programas y proyectos.

Con relación al ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, en México, tras la implementación del Registro de Personas con discapacidad en 2017, el INE obtuvo la información relativa a la cantidad de personas que acudieron el día de la elección a las casillas a emitir su voto. Así, se tiene registrado que para las elecciones de 2018 fueron a votar 105 mil 56 personas; para 2019, 31 mil 678; para 2020, 8 mil 555; en 2021, 308 mil 509 y, para las elecciones locales 2021-2022 se tiene registro de 24 mil 112 personas con discapacidad.

Tomando en consideración estos datos, es obligatorio que desde el quehacer institucional se tenga presente la importancia de generar mecanismos que modifiquen las estructuras que limitan su desarrollo y elaborar herramientas que favorezcan y garanticen su inclusión.

En México desde el año 2018, las personas con discapacidad han sido incluidas de forma activa en el desarrollo de los procesos electorales, fomentando su participación como integrantes de las mesas directivas de casilla e implementando medidas accesibles para que puedan emitir su voto considerando sus necesidades concretas.

El 22 de abril de 2022, el Consejo General del INE aprobó el Protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, el cuál será aplicado en el proceso electoral del Estado de México.

El Protocolo contiene acciones específicas para que las personas con discapacidad física, auditiva, visual y/o mental, puedan ejercer su voto sin limitaciones en todas las casillas, contemplando medidas como el uso de plantillas en sistema Braille y de sellos con la marca “X” para facilitar el voto.

Si una persona con discapacidad se encuentra en el exterior y no puede ingresar a la casilla, se integrará una Comisión de apoyo que saldrá para llevar el sobre con la boleta correspondiente, líquido indeleble y elementos necesarios para que la persona emita su voto.

Tratándose de personas con discapacidad auditiva, las y los funcionarios de casilla podrán recurrir a la comunicación escrita y hacer uso de carteles u otros materiales gráficos de apoyo para explicar el proceso de votación.

Todas las personas en esta situación podrán ser asistidas por persona de su confianza o por personal de la casilla, siempre que así sea requerido para la emisión del voto.

Estas acciones promueven el reconocimiento y goce de los derechos políticos de las personas con discapacidad, pues la posibilidad de ejercer su voto sin limitaciones propicia la erradicación de las barreras físicas y sociales que les impiden desarrollarse plenamente y participar en los asuntos públicos del país en condiciones de igualdad. *NI*

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *