*Esperan que tribunal falle a favor de alcaldía.  

Por Francisco Villeda   

Atotonilco de Tula, Hgo.- En el arrendamiento de las patrullas durante la anterior administración municipal en Atotonilco de Tula se cometieron muchas irregularidades, por lo que el actual gobierno está en espera del dictamen de los tribunales sobre el tema, reveló el alcalde Jaime Ramírez Tovar.  

Consultado, dijo que es un asunto legal complejo pues entre otras cosas afirmó que el arrendamiento se hizo a título personal, “no bajo las normas y reglas que marcan los protocolos de cuenta pública, no hubo licitaciones necesarias”.  

Agregó que también se violaron muchas normas “de acuerdo con las garantías que dan las aseguradoras”, temas que el anterior gobierno heredó, dejando una problemática financiera para el municipio al que ahora la empresa arrendataria le reclama una millonaria cifra por incumplimientos de pago.  

Explicó que el gobierno 2016-2020, encabezado por Raúl López Ramírez, dejó de pagar el arrendamiento en la recta final de su gestión, y a su llegada el concejo interino municipal tampoco pagó, lo que incrementó el adeudo, y atajó que su gobierno no puede “asumir la responsabilidad de esa manera, tenemos que ver qué sucedió, lo turnamos a lo judicial y esperamos respuesta de ello para deslindar esa responsabilidad”.  

Subrayó que como alcalde no puede asumir ese adeudo, esa responsabilidad, pues hay cambios en los criterios de manejo de los recursos económicos, en el marco de una mayor transparencia y, dijo, “aunque yo quisiera pagar esa deuda va a ser un desvío de recursos porque no estaría bien documentado ni sustentado, tengo que acatar reglamentos, protocolos y reglas del estado”.  

Resaltó que es un tema heredado que no se quedó en el olvido y por el contrario se está atendiendo ante las instancias judiciales, en dónde están presentando las pruebas necesarias para obtener un fallo en favor de la alcaldía, y en este aspecto confío en que las autoridades a cargo del litigio analicen bien la situación.  

El mandatario no quiso revelar nombres o cargos de los funcionarios o exfuncionarios que cometieron estas anomalías hasta que no haya un resolutivo de parte de las autoridades correspondientes, en este caso los tribunales.  

En febrero del año pasado el secretario general municipal, Juan Manuel Rodríguez Rojas, indicó que la empresa arrendataria estaba solicitando un pago de 14 millones de pesos (mdp) al gobierno local, una cifra que se incrementa a diario, por lo que confío en que obtuvieron un fallo favorable para no erogar ese monto por el arrendamiento de las unidades que desde que inició está administración no se han utilizado y están recluidas en el aparcadero ubicado junto al palacio de gobierno. *NI*

Por Nueva Imagen de Hidalgo

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