Por Gerardo Castillo García
Sociedad Ecologista Hidalguense
La década de 1970 marcó de forma significativa a la región otomí-tepehua, conocida también como Ototoltéca. Fue entonces cuando comenzó un proceso de despegue económico acompañado de un grave deterioro ambiental, tras la apertura de la termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” y la refinería “Miguel Hidalgo”, así como el envío de aguas negras desde la Zona Metropolitana del Valle de México al río Tula. Estos hechos propiciaron la llegada de más industrias que generaron empleo, pero también incrementaron la contaminación del aire, suelo y agua.
Desde 1989, esta región está considerada como zona crítica por contaminación atmosférica. En 2006, la ONU la calificó como la región más contaminada del planeta. Para 2008, la Secretaría de Salud reportó que la zona presentaba la mayor incidencia de enfermedades respiratorias agudas en el país. En 2019, el entonces titular de la Semarnat la catalogó como inhabitable y como uno de los seis infiernos ecológicos de México.
Actualmente, la región alberga la termoeléctrica más contaminante del país y uno de los ríos más contaminados por aguas residuales. Cada año se emiten 100 mil toneladas de dióxido de azufre y 5,500 toneladas de partículas PM2.5, contaminantes asociados a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas, respiratorias y diversos tipos de cáncer, los cuales, según estimaciones, causan 14,600 muertes prematuras al año.
Frente a este panorama y ante la pasividad ciudadana, en 2017 se inició la tala de más de mil árboles en el río Tula como parte del proyecto de ampliación y revestimiento del cauce, hecho que detonó una protesta social que logró suspender la obra de forma indefinida. No obstante, la posterior inundación de Tula y otras localidades, atribuida a una negligencia criminal, reactivó las protestas, encabezadas por un grupo reducido de ciudadanos que, frente a una mayoría apática, continuaron exigiendo a los tres niveles de gobierno acciones concretas para la recuperación ambiental.
El tema ganó visibilidad gracias a diversos reportajes que documentaron las consecuencias, incluso mortales, de la contaminación en la región. Esta presión derivó en que, al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se emitiera el Decreto de Restauración de la Presa Endhó y su zona de influencia. No obstante, activistas locales han señalado que el decreto debió haberse enfocado en el río Tula, por tratarse del ecosistema directamente afectado.
Durante su toma de protesta, la actual presidenta de la República abordó la problemática de Tula con una frase que calificaron como demagógica: “La ciudad más contaminada se convertirá en la ciudad más limpia”. Posteriormente, anunció la instalación de un Centro de Reciclamiento de Economía Circular, que recibirá basura proveniente de la Zona Metropolitana del Valle de México. El proyecto ya fue publicado oficialmente, aunque genera cuestionamientos sobre su impacto ambiental y su aparente contradicción con el artículo 4º de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a un medio ambiente sano.
El centro contempla dos plantas: una para residuos orgánicos y otra para residuos de construcción. No se especifica el manejo del resto de los desechos. Además, se ha prometido instalar áreas recreativas y humedales, aunque no se ha definido presupuesto ni fecha para su construcción.
Asimismo, se anunció un Plan Hídrico que incluye la perforación de 150 pozos en el acuífero del Valle del Mezquital, con el propósito de abastecer de agua a Pachuca y la Zona Metropolitana. El plan contempla también la construcción de tres macroplantas de tratamiento en el río Lerma, pero ninguna en el río Tula, lo que implica que el agua se llevará limpia y regresará contaminada.
También se prometió que la termoeléctrica operará con gas natural para reducir su impacto ambiental, aunque el gasoducto aún no ha sido concluido. No hay una fecha clara para que esto ocurra, y se estima que podría concretarse hasta el próximo sexenio.
Otro anuncio es la creación de un nuevo polo de desarrollo, lo que implicará más industria y, por ende, más contaminación. Además, se plantea la construcción de colectores marginales para evitar que se siga contaminando el río, aunque esto supondrá la tala de alrededor de 10 mil árboles en su margen, contraviniendo los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que obligan a preservar y restaurar los ecosistemas.
Pese al Decreto de Restauración, hasta la fecha no se ha presentado una sola acción concreta de remediación ambiental, lo que ha generado preocupación y desconfianza entre los habitantes. Diversas voces han señalado que los proyectos anunciados violan el propio decreto y están basados en más promesas y demagogia.
La presidenta prometió convertir a Tula en la ciudad más limpia, pero, señalan los críticos, sus verdaderas prioridades parecen ser llevarse el agua limpia de Hidalgo y resolver el problema de la basura de la Ciudad de México. Todo lo demás, afirman, “son espejitos que nos venden como oro”.
Frente a este contexto, ciudadanos preocupados por el medio ambiente han planteado cinco demandas urgentes:
1. Que se cumpla el artículo 4º de la Constitución, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano.
2. Que la Ciudad de México deje de contaminar el río Tula.
3. Que la termoeléctrica opere lo antes posible con gas natural.
4. Que se emitan normas emergentes para que las industrias reduzcan sus emisiones contaminantes.
5. Que se cumpla primero el Decreto de Restauración, antes de iniciar cualquier nueva obra o industria.
Estas exigencias buscan poner fin al estatus de Tula como zona de sacrificio ambiental, y recuperar el derecho de sus habitantes a un ambiente sano para una vida digna. *NI*