*La representación legal de las familias afectadas por la tragedia de 2019 denuncia omisiones en la atención médica, psicológica y jurídica.
Por LUPITA RODRÍGUEZ ORDAZ
Miguel Nava Alvarado, director de la fundación “Por Ti Sea”, quien representa legalmente a las familias de la tragedia ocurrida en el municipio de Tlahuelilpan el 18 de enero de 2019, informó que la organización representa a 50 familias. Explicó que, debido a la difícil situación económica de algunas de ellas, ha sido complicado reunir documentación como actas de nacimiento y de defunción, por lo que el proceso continúa.
No obstante, precisó que hasta el momento se cuenta con 36 núcleos familiares que ya presentaron solicitudes de inscripción en el Registro Nacional de Víctimas y de reparación integral del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Nava Alvarado señaló que existen sobrevivientes que no han recibido atención médica, psicológica ni terapéutica. Como ejemplo mencionó el caso de José Guadalupe, cuyas lesiones son visibles y, pese a ello, no han sido atendidas, aun cuando el propio informe especial lo establece. Indicó que se trata de medidas restitutorias, ya que como sobreviviente de la explosión —en la que su hermano perdió la vida—, las quemaduras que presenta no han sido tratadas, por lo que el Estado es responsable en términos del informe.
Subrayó que, como representación legal formal, el equipo jurídico realiza lo necesario para que las autoridades cumplan con las medidas de rehabilitación. Añadió que existen otras acciones contempladas en la Ley de Víctimas, como la compensación, la disculpa pública, las medidas de aceptación y las garantías de no repetición. Sin embargo, denunció que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no quiere recibir a las personas afectadas por la explosión, ya que la actual comisionada se niega a atenderlas.
Esta situación, dijo, está generando un litigio y adelantó que, más temprano que tarde, algunas de las personas afectadas acudirán a las oficinas centrales para realizar una manifestación pacífica, sin dañar a terceros, con el fin de hacer valer sus derechos, al considerar increíble que, a siete años de los hechos, continúen en el olvido.
Nava Alvarado afirmó que existe un vacío de legalidad y una violación a los derechos humanos, en un contexto donde las víctimas enfrentan necesidades económicas muy graves. Recordó que hace siete años sus vidas cambiaron para siempre y que requieren asesoría legal especializada para, mediante mecanismos estrictamente legales, obligar al Estado mexicano a reparar las violaciones a derechos humanos que —reiteró— el propio Estado reconoce.
Finalmente, señaló que la gente mantiene la esperanza de que el gobierno les dé una respuesta. Al recordar su experiencia como representante legal de padres y madres que perdieron a sus hijos en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, indicó que cuando asumió ese caso el Estado había dejado de hablar del tema. Pese al escepticismo inicial, afirmó que hoy existen documentos firmados por el gobierno federal que reconocen responsabilidades.
“Suponiendo que creemos en el Estado de derecho, sabemos perfectamente que se va a lograr, en algún momento, la reparación integral del daño. En caso de que el Estado se negara, es importante recordar que los derechos humanos en nuestro país cuentan con una protección supranacional, a través de tratados internacionales ratificados, lo que permite explorar mecanismos internacionales y regionales, como el sistema interamericano o el sistema universal de protección de derechos humanos”, concluyó. *NI*