La integración de documentos para avanzar en la municipalización de la colonia, la atención urgente a problemas de drenaje y alcantarillado, así como la organización para la poda o retiro de árboles y el control de la basura, fueron los temas centrales abordados durante una de las series de reuniones vecinales en la Unidad Habitacional Pemex, municipio de Tula de Allende.
En el encuentro con los vecinos de la calle Oriente 11 se informó que en presidencia existe un acta donde se señala que la colonia fue entregada al municipio; sin embargo, no hay constancia formal de dicha entrega. Ante ello, vecinos acordaron reunir copias de documentación correspondiente al presente año, con la leyenda “solo para trámites de municipalización”, tal como se realizó previamente con el tema del agua. En caso de no contar con el predial actualizado, se planteó regularizarlo para acudir ante las autoridades con expediente completo.
Con la presencia de la delegada municipal Mónica Cervantes y la subdelegada Nohemí González Leal se recordó que anteriormente se consultó al coordinador, quien señaló que el tema debía revisarse debido a la falta de documentos. También se mencionó que los terrenos son ejidales y que esta condición es conocida por las autoridades.
Otro de los puntos prioritarios fue el drenaje. Habitantes señalaron la necesidad de nuevas alcantarillas y la reparación de coladeras dañadas por el paso constante de vehículos. Se solicitó que las peticiones se presenten por escrito, firmadas por los vecinos y dirigidas a la delegación, especificando el punto exacto donde se requiere la intervención.
No por ahora la reparación del socavón
En este contexto, se informó que existen pláticas con PEMEX y el gobierno respecto al socavón de la avenida Norte 1, que es donde pasa el emisor de la refinería Miguel Hidalgo; no obstante, se aclaró que la solución no será inmediata ni dentro del presente año. Se explicó que PEMEX ha señalado que al emisor se le han realizado múltiples conexiones, lo que complica técnicamente la situación. Se discutió el cierre de la zona considerada de riesgo, donde existía peligro de que un vehículo cayera. Mientras algunos vecinos señalaron que no debió cerrarse para obligar a las autoridades a intervenir, otros defendieron la medida por seguridad. Al final de cuentas la reparación, ya les dijeron, no se realizará a corto plazo, dado que se requieren varios millones de pesos para ello.