*Así resumió su participación en sesión del Ayuntamiento la regidora María Guadalupe Rodríguez, quien cuestionó la forma en que se maneja el área.
Durante la sesión de cabildo en Tula, la regidora María Guadalupe Rodríguez Cruz hizo un llamado enérgico a revisar a fondo el gasto en comunicación social del gobierno municipal, acusando un uso discrecional de los convenios con medios de comunicación y la promoción personalizada del alcalde Cristhian Martínez Reséndiz.
En su primera intervención, la regidora subrayó que “es indispensable abrir un espacio de rendición crítica sobre el ejercicio de la comunicación institucional en este municipio”, argumentando que la manera en que se informa —o se decide no informar— revela mucho sobre el estilo de gobierno, los intereses en juego y la vocación democrática de una administración.
De acuerdo con datos obtenidos mediante transparencia, actualmente existen 27 convenios activos con medios de comunicación, lo que representa un gasto mensual de $200,491.42 pesos y una proyección anual cercana a 3 millones de pesos. Esta cifra equivale al 9.43% del presupuesto destinado a inversión pública en 2025, lo cual fue calificado como desproporcionado y opaco, al no existir criterios claros para su asignación o cancelación.
La regidora denunció que algunos medios pierden sus convenios al publicar contenido crítico hacia el gobierno, lo que calificó como una “forma moderna y disfrazada de represión” mediante el control económico. “No se silencian voces con censura explícita, se sofocan con el control económico”, afirmó, agregando que esto representa un uso indebido de recursos públicos como recompensa o castigo editorial.
Además, criticó la exclusión sistemática de regidores de oposición en la estrategia de comunicación, lo cual “empobrece el debate público y le niega a la ciudadanía una visión completa de su propio gobierno”.
Rodríguez Cruz solicitó la comparecencia de la directora de Comunicación Social Beneranda González Bernal para explicar los criterios de contratación de medios, su programa operativo, metas, indicadores y mecanismos de evaluación, así como los procedimientos para justificar la cancelación de convenios.
Recordó que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la propaganda gubernamental debe tener fines informativos, educativos o de orientación social, sin incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada. A pesar de ello, señaló que en Tula de Allende “este principio se viola de manera sistemática”.
Finalmente, exigió una reducción del presupuesto destinado a comunicación social y el establecimiento de reglas claras que garanticen la pluralidad, la transparencia y el respeto al derecho a la información. “Tula necesita una comunicación pública que informe, no que adule; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que simule”, concluyó. *NI*