*Después del multihomicidio en El Llano, precisó que no tiene reportes de que aquí haya “cobro de piso”
*Niega haber recibido amenazas personales.
*Abordado por los medios de comunicación, Cristhian Martínez Reséndiz aseguró haber resuelto en media hora las demandas de empleados sindicalizados.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
El presidente municipal de Tula, Cristhian Martínez Reséndiz, aseguró que, tras los hechos violentos del fin de semana en el bar La Resaka, el municipio reforzará su estrategia de seguridad e invertirá recursos sin precedentes para combatir la incidencia delictiva. Confirmó que el bar donde ocurrieron los hechos será clausurado, independientemente de la situación de su licencia, al tratarse de un caso grave que “no puede repetirse”.
Durante un encuentro con medios de comunicación, explicó que, aunque existen datos sensibles que no pueden revelarse por tratarse de una investigación a cargo de la Fiscalía, se trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales, como la Guardia Nacional y el Ejército. Señaló que se acordó fortalecer las acciones de seguridad y que ya se observa el despliegue de fuerzas en la región.
El alcalde destacó que Tula no cuenta actualmente con cámaras de vigilancia, por lo que se instalará un Centro de Control y Comando con una inversión inicial de 13 millones de pesos, cifra que se incrementará a entre 25 y 30 millones. Este centro incluirá semáforos con cámaras de inteligencia artificial, torres de vigilancia con visión 360 grados y botones de pánico para mujeres, además de la ampliación de la infraestructura de seguridad pública. Recordó que su administración ya adquirió drones, cascos, chalecos, patrullas y motocicletas para reforzar la operatividad.
Sobre los hechos violentos del fin de semana, confirmó que había 10 personas lesionadas y seis fallecidas. Indicó que la atención a víctimas está a cargo de instancias estatales y federales, aunque el municipio participa de manera conjunta.
Respecto a señalamientos sobre cobro de piso, el presidente afirmó que no tiene reportes formales y reiteró que el problema de inseguridad no es exclusivo de Tula, sino regional, estatal y nacional. Sostuvo que la presencia de fuerzas federales en el municipio demuestra acciones preventivas, y rechazó que solo existan operativos de reacción.
En cuanto a su seguridad personal, negó haber recibido amenazas, aunque reconoció que diversas voces le han sugerido reforzar su protección. Afirmó que actualmente no cuenta con escoltas ni armas, pero no descartó evaluar esa posibilidad más adelante.
El alcalde adelantó que se regularán horarios y se realizarán operativos en negocios catalogados como giros rojos, en coordinación con Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal. Aclaró que los regidores no autorizan licencias de operación en estos giros y aseguró que no se están otorgando nuevas, puesto que la prioridad es la prevención.
Compromiso con la dignificación laboral
Sobre la manifestación de trabajadores municipales realizada el lunes 1 de diciembre, explicó que no existía una petición formal previa por parte del sindicato. Tras una reunión breve, dijo que se atendieron los puntos planteados y reiteró su compromiso con la dignificación laboral, mencionando remodelaciones, uniformes, equipamiento, nueva unidad médica, medicamentos y ambulancias. Sobre reclamos contra la titular de Recursos Humanos, lamentó las expresiones y calificó el tema como institucional, no personal.
En relación con el Tren México–Querétaro, confirmó que se trabaja en una modificación del trazo debido al hallazgo de restos arqueológicos, aunque no se cambiarán las comunidades por donde pasará. El proyecto, previsto para concluir a finales de 2027, se coordina con el INAH y diversas dependencias federales. Sobre las indemnizaciones por reubicación, indicó que aún no hay un número definido de familias, pero destacó que Tula paga 3,900 pesos por metro cuadrado, la cifra más alta en la región, derivada de la actualización de valores catastrales. *NI*