*El hallazgo del cuerpo de J. L. E. R. en un canal de Tlahuelilpan no solo cierra un capítulo doloroso para su familia. Abre, de nuevo, la herida sangrante de un municipio que vive sitiado por el crimen organizado y abandonado por las instituciones que deberían garantizar la seguridad de sus habitantes.
Por Marisol Martínez Cruz.
J. L. de 29 años, fue secuestrado junto con su primo J. E. E. E. en la comunidad de Xochitlán, en Tula de Allende. Cuatro días después, el cuerpo de Enrique apareció en Doxey, Tlaxcoapan. J. L. fue localizado hasta lunes 11 de agosto, en avanzado estado de descomposición. En ambos casos, las autoridades emitieron fichas de búsqueda, pero omitieron algo esencial: fueron víctimas de secuestro.
Un silencio administrativo que no solo es inaceptable, sino que contribuye a una narrativa oficial que intenta minimizar el problema mientras la realidad los desborda.
Con este caso, ya suman diez los cuerpos ejecutados en Tula y sus alrededores en solo dos meses. La cifra no es solo un número: representa un grito ahogado de familias, una comunidad en vilo, y una creciente percepción de abandono. Porque, mientras las balas cruzan las calles, las autoridades insisten en que todo está bajo control. Pero no lo está.
Los comerciantes lo saben. Lo viven. El cobro de piso ya no es rumor: es una práctica sistemática. Muchos han cerrado. Otros han huido. Y los que se quedan viven con miedo, vigilando con recelo a cada cliente, temiendo que una llamada, una visita o una deuda se conviertan en sentencia de muerte.
Tula vive su etapa más oscura desde que se tiene memoria. La violencia ha dejado de ser ocasional o producto de la delincuencia común. Hoy hablamos de estructuras organizadas, impunes, visibles. Y lo peor: ya ni siquiera sorprenden. La normalización del terror es, quizá, el síntoma más peligroso.
Sí, hubo un operativo. Cinco detenidos. Armas decomisadas. Un anuncio pomposo. Pero a los pocos días, los hechos hablaron más fuerte: otro crimen, más sangre, más miedo. Incluso, un elemento de la Agencia de Investigaciones fue asesinado, y dos más resultaron heridos. ¿Qué más se necesita para reconocer que los operativos no están dando resultados de fondo?
Mientras tanto, en redes sociales, los ciudadanos han rebautizado a la ciudad como “Tuliacán”, un juego de palabras que refleja una verdad incómoda: la violencia ya definió la nueva identidad de Tula, y no precisamente por decisión propia.
Todo esto ocurre en la antesala del primer informe de gobierno del alcalde Cristhian Martínez. Un informe que, inevitablemente, estará marcado por la inseguridad, aunque se intente disfrazar con cifras, inauguraciones o promesas de corto plazo. La gente no vive de discursos. Vive –o sobrevive– en medio de una guerra no declarada.
Tula está en crisis. Y no hay señales reales de que algo vaya a cambiar pronto. *NI*