En Tlahuelilpan, Hidalgo, el tiempo quedó marcado por el fuego la tarde del 18 de enero de 2019, cuando una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos derivó en una de las tragedias civiles más graves de la historia reciente del país. Lo que ocurrió ese día no fue un hecho fortuito ni aislado, sino la consecuencia de años de abandono institucional, pobreza persistente y normalización del robo de combustible en amplias regiones del centro de México.
Desde la madrugada, el ducto Tuxpan–Tula había sido perforado de manera clandestina. La gasolina comenzó a brotar con fuerza, formando un chorro visible a varios metros de distancia. La noticia corrió rápidamente entre habitantes de Tlahuelilpan y comunidades cercanas. Conforme avanzaban las horas, el lugar se llenó de personas que acudieron con garrafones, cubetas, bidones y cualquier recipiente disponible para recolectar el combustible. Las imágenes captadas antes de la explosión muestran una escena caótica pero, al mismo tiempo, reveladora de una práctica que se había vuelto cotidiana: familias enteras esperando su turno, personas resbalando entre el lodo mezclado con gasolina, niños y jóvenes observando de cerca un riesgo que parecía asumido como parte de la rutina.
El robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, llevaba años arraigado en la región como una actividad tolerada de facto, impulsada por la falta de empleo, la marginación social y la presencia de grupos delictivos que controlaban las tomas clandestinas. Para muchos, recolectar combustible representaba un ingreso inmediato, aun cuando el peligro era evidente. El olor intenso, el estruendo del ducto y la nube de vapor inflamable no fueron suficientes para detener a la multitud.
A pocos metros del sitio se encontraban elementos del Ejército Mexicano. Su presencia, registrada en videos difundidos posteriormente, se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados del caso. Durante varios minutos, los militares permanecieron en el lugar sin lograr establecer un perímetro de seguridad efectivo ni desalojar a la población. Las autoridades federales señalaron después que se hicieron llamados para que la gente se retirara, pero la magnitud de la concentración y la falta de una acción coordinada entre los distintos niveles de gobierno impidieron controlar la situación. Cada minuto transcurrido incrementaba el riesgo de una explosión.
Poco después de las seis de la tarde, el peligro se materializó. Una chispa, cuyo origen nunca fue determinado con certeza, encendió el combustible acumulado en el ambiente. La explosión fue inmediata y devastadora. Una enorme bola de fuego envolvió el área, alcanzando a decenas de personas que se encontraban alrededor del ducto. El incendio se propagó en segundos, dejando cuerpos calcinados, heridos con quemaduras severas y escenas de desesperación. Muchos lesionados fueron trasladados de urgencia en vehículos particulares y ambulancias a hospitales de Hidalgo, del Estado de México y de la Ciudad de México, debido a la saturación de los servicios médicos locales.
El saldo final fue de 137 personas fallecidas, una cifra que se confirmó gradualmente conforme algunos de los heridos más graves perdieron la vida en los días y semanas posteriores. Decenas de familias quedaron marcadas para siempre: padres sin hijos, hijos sin padres, hogares desintegrados y una comunidad sumida en el duelo. La tragedia expuso de manera cruda la convergencia de múltiples fallas: la pobreza estructural que empuja a asumir riesgos extremos, la corrupción que permitió durante años el saqueo sistemático de ductos y la ausencia de protocolos eficaces para proteger a la población civil ante una fuga de alto riesgo.
Tras los hechos, el gobierno federal anunció un endurecimiento de la estrategia contra el huachicol, con mayor vigilancia de los ductos y la participación de fuerzas armadas en su resguardo. Sin embargo, para las víctimas y sus familiares, las medidas llegaron tarde. Las investigaciones no derivaron en sanciones claras para servidores públicos por omisiones en el lugar de los hechos, lo que reforzó la percepción de impunidad y abandono.
Siete años después, Tlahuelilpan sigue viviendo con las consecuencias de aquella tarde. Las cicatrices físicas y emocionales permanecen, al igual que la memoria de los minutos previos a la explosión, cuando el peligro era visible para todos y, aun así, no se logró evitar el desastre. La tragedia de Tlahuelilpan no solo dejó una cifra de muertos; dejó una herida abierta en la conciencia colectiva del país y un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando la desigualdad, la ilegalidad y la falta de acción oportuna del Estado confluyen en un mismo punto.