Regidores cuestionan legalidad, forma y responsabilidad en la adecuación presupuestal municipal de Tula

Durante la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tula, el martes 23 de diciembre, en la que se discutió el dictamen de adecuación presupuestal, integrantes de la fracción independiente y regidoras del cabildo manifestaron severas críticas al procedimiento, al contenido del documento y a la falta de responsabilidad directa del presidente municipal en la presentación de la propuesta.
El regidor Noé Paredes Meza señaló que la adecuación presupuestal presenta errores graves y carece de claridad, al no haber sido presentada directamente ante el Pleno y contener únicamente tablas con partidas y montos que no permiten identificar si los recursos se incrementan o disminuyen, ni de qué partidas se transfieren. Afirmó que, en esas condiciones, el documento carece de sentido y no puede ser analizado de manera responsable.
Explicó que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece formatos obligatorios para este tipo de modificaciones, en los que debe precisarse el rubro, el monto ejercido, si la partida se amplía o reduce y a qué otra se reasignan los recursos. Sin esta información, sostuvo, no es posible conocer con claridad qué se pretende autorizar. Además, advirtió que el dictamen no incluye todas las partidas que se modificarán y cuestionó incrementos específicos, como 258 mil pesos en productos alimenticios, 170 mil pesos en productos minerales, 110 mil pesos en artículos metálicos y casi 500 mil pesos en materiales complementarios, así como aumentos en arrendamientos, servicios legales, consultoría y servicios de apoyo. También puso en duda la viabilidad de ejercer estos recursos en los seis días hábiles restantes del ejercicio fiscal.
Por su parte, la regidora Janeth Martínez Mendoza afirmó que los señalamientos de la fracción independiente están sustentados en la ley, en la documentación recibida y en la información disponible en el portal de transparencia municipal. Reconoció que la información no es completa, pero consideró que es suficiente para evidenciar que el gobierno municipal actúa de manera recurrente fuera de tiempo y fuera de la normativa.
Subrayó que la ley establece con claridad que el responsable de presentar las iniciativas de modificación presupuestal es el presidente municipal, y advirtió que realizar actos sin facultades constituye usurpación de funciones. Citó el artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal, el cual obliga a que toda adecuación presupuestal incluya información contable y presupuestaria específica, como el estado de situación financiera, el estado de variación de la hacienda pública, el estado de cambios en la situación financiera, notas a los estados financieros, el estado analítico del activo, el estado analítico de la deuda pública, así como los estados analíticos de ingresos y egresos con sus respectivas clasificaciones. Sin estos documentos, dijo, no se puede saber si existen realmente los recursos para realizar las modificaciones, por lo que aprobarlas sería irresponsable. Finalmente, pidió que se entregue la información faltante y recordó que, pese a lo dicho en una sesión anterior, la partida de aguinaldos sí aparece en la información actual.
En el mismo sentido, la síndico procuradora jurídica María Guadalupe Rodríguez enfatizó que la administración de los recursos públicos es responsabilidad exclusiva del presidente municipal, en su calidad de titular del Ejecutivo. Lamentó que no asuma esta obligación y, en su lugar, traslade la responsabilidad a la síndica y a los regidores, lo que provoca que estos últimos asuman funciones que no les corresponden legalmente. Consideró aún más grave que algunos lo hagan sin comprender plenamente las consecuencias jurídicas.
Para sustentar su postura, llamó a revisar los artículos 56, 60, 67 y 69 de la normativa aplicable, que delimitan las facultades del Ayuntamiento, del presidente municipal, de los síndicos y de los regidores, respectivamente. Subrayó que en ninguno de ellos se establece como atribución de síndicos, regidores o comisiones la presentación de adecuaciones presupuestales, responsabilidad que —reiteró— corresponde única y exclusivamente al presidente municipal, con el apoyo de la Tesorería.
Las intervenciones, también la de la regidora Ivonne Ponce Sobrevilla, coincidieron en que, mientras no se presente una adecuación presupuestal conforme a la ley, con información completa, clara y debidamente sustentada, no existen condiciones para su aprobación.