*Karina Chiapa pidió atención por parte del ejecutivo municipal.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
Durante su intervención en los asuntos generales de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tula de Allende, la regidora Karina Chiapa Mendoza expuso un problema ocurrido en la comunidad de Denguí y solicitó al presidente municipal Cristhian Martínez Reséndiz que el tema fuera canalizado al área jurídica, a cargo de Fernando Larios Sánchez.
La regidora informó que el Ministerio Público emitió una orden dirigida al director de Obras Públicas del municipio, derivada del inicio de una carpeta de investigación y sustentada en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En dicha orden se instruye la designación de personal para realizar las maniobras necesarias con el fin de retirar piedras y bardas que obstruyen el acceso principal al campo de fútbol de Denguí. Precisó que el documento establece la obligación de informar el cumplimiento mediante evidencia fotográfica o videográfica, a fin de permitir el libre acceso al inmueble.
Asimismo, se advierte que, en caso de no acatar la orden, se aplicará una multa de 20 UMAS, además de la responsabilidad penal prevista en el artículo 314 del Código Penal del Estado de Hidalgo. La orden está firmada por el Ministerio Público del Centro de Atención Temprana de Tula.
Karina Chiapa señaló que este tema ya había sido expuesto con anterioridad por vecinos de la comunidad, lo que derivó en mesas de trabajo y en la solicitud de intervención de diversas áreas municipales, no únicamente de Obras Públicas, sino también de la Secretaría de Seguridad Pública, Catastro, Maquinaria, Protección Civil y otras instancias pertinentes.
Relató que el sábado anterior únicamente acudieron una retroexcavadora con su operador y un camión, sin el acompañamiento del resto de las áreas involucradas. Detalló que la delegada Maricruz Rivero tuvo que solicitar en ese momento la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que un vecino que se ostenta como propietario del acceso presuntamente salió con un bat y agredió al operador de la retroexcavadora y al personal de Obras Públicas.
La regidora sostuvo que el procedimiento debió realizarse conforme a lo establecido en la orden ministerial y con la participación de todas las áreas correspondientes, tal como previamente lo había indicado el área jurídica. Señaló que la acción se realizó “al vapor”, presuntamente a raíz de una solicitud hecha por la delegada un día antes al presidente municipal, a pesar de que la orden ministerial tiene fecha de noviembre.
Finalmente, recordó que en 2025, durante una sesión y una mesa de trabajo con el licenciado Fernando Larios, ya se habían definido claramente los pasos a seguir, los cuales no fueron respetados, situación que, dijo, puso en riesgo la integridad del personal municipal. Por ello, solicitó que los vecinos sean nuevamente recibidos, al considerar que la orden no se cumplió como debía.
Como respuesta, el presidente municipal Cristhian Martínez aclaró que la notificación no se recibió en noviembre sino en una fecha posterior, sin precisar en cuál. Pero al final de la sesión la propia Karina Chiapa reviró al precisar, con documento en mano, que sí se recepcionó el documento en noviembre anterior.
El alcalde mencionó que la administración es respetuosa de los derechos de las personas y que se instruyó al licenciado Fernando Larios a verificar el estatus jurídico de un exhorto o mandato referido. Explicó que se debe actuar con cuidado debido a posibles recursos jurídicos o amparos, para no violentar la ley, y reiteró que no existe interés alguno en favorecer a ninguna de las partes, comprometiéndose a cumplir el mandato correspondiente. *NI*