La ciudadana Marta Juárez, vecina de la comunidad de San Pedro Alpuyeca, en el municipio de Tula de Allende, denunció públicamente una situación que considera irregular y poco transparente, relacionada con la solicitud de acceso a su parcela para el paso de maquinaria pesada, derivado de trabajos de revestimiento que se realizan en el canal principal Salto–Tlamaco, ubicado a la altura de la calle Del Tezontle.
De acuerdo con su testimonio, en días recientes fue informada tanto por autoridades ejidales como por instancias relacionadas con el manejo del agua, que debía permitir el paso por una fracción de su terreno, argumentando que se trataba de una solicitud de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, la ciudadana señaló que el documento formal que le fue entregado se encuentra membretado por la empresa IROL CORPORATIVO, lo que le ha generado dudas y desconfianza sobre el verdadero origen y alcance de la petición.
El documento, dirigido al Comisariado del Ejido de San Pedro Alpuyeca, indica que IROL CORPORATIVO presta servicios a la Comisión Nacional del Agua, y señala la existencia de una supuesta obstrucción en el camino de operación o derecho de vía del canal principal Salto–Tlamaco, perteneciente al Distrito de Riego 003, en el municipio de Tula de Allende. En el mismo, se advierte que dicha situación constituiría una violación a la Ley de Aguas Nacionales, citando los artículos 3, fracción XLVII, y 113 Bis 1, los cuales establecen que una franja de entre 5 y 10 metros contigua al cauce es de jurisdicción federal y de uso exclusivo para la operación y vigilancia del canal.
En el escrito, la empresa requiere de manera inmediata el cese de cualquier acto que obstruya el paso, incluyendo cercas, portones, escombros o siembras, y exige la liberación del acceso en un plazo no mayor a 24 horas, a fin de permitir el tránsito de maquinaria y personal.
No obstante, Marta Juárez señaló que su parcela no colinda directamente con el canal, ya que existe una separación aproximada de cuatro a cinco metros, y que aun así se le estaría solicitando un ancho cercano a los 30 metros, lo que representa una afectación directa a su propiedad, donde actualmente mantiene cultivo de alfalfa.
Asimismo, la ciudadana expresó su preocupación por el contenido del documento, ya que en él se establece que, en caso de no permitir el paso, cualquier retraso en el cronograma de obra, costos por maquinaria detenida o penalizaciones contractuales, así como cualquier riesgo o accidente derivado de una emergencia hidráulica, serían responsabilidad directa de quien impida el acceso, situación que considera desproporcionada y carente de claridad jurídica.
A esta situación se suma —según denunció— que entre los meses de agosto y septiembre del año pasado, le fue suspendido el suministro de agua para riego en su parcela, presuntamente como consecuencia de los trabajos que se realizan a un costado del canal. Explicó que, durante el trazo de las vías y las labores de relleno, fue tapada la zanja de riego, lo que impidió el paso del agua hacia su terreno.
Indicó que no es la única afectada, ya que al menos tres o cuatro parcelas más se encuentran en la misma situación, sin que hasta el momento se les haya ofrecido una solución. Esta circunstancia, afirmó, le genera preocupación, ya que considera que el corte del suministro de agua pudo haber sido un primer acto de afectación hacia los propietarios, previo a la actual solicitud de acceso por sus parcelas.
Además, denunció que autoridades ejidales estarían permitiendo el uso de parte del ejido a una empresa tercera para la extracción de material, lo que implicaría el tránsito constante de transporte pesado, el cual también podría utilizar la ruta que se le está solicitando, incrementando el impacto sobre su parcela.
Marta Juárez aclaró que no se ha negado de manera definitiva a otorgar el paso, pero señaló que exige certeza legal, información clara y condiciones específicas, como el tiempo de uso y la superficie exacta que se pretende ocupar. También destacó que del lado que colinda su parcela con el canal, del otro extremo del otro existe un acceso alterno, el cual podría ser utilizado por la maquinaria; sin embargo, vecinos de esa zona se han negado a permitir el tránsito por temor a riesgos para sus familias y posibles daños a la vialidad.
Ante esta situación, la ciudadana hizo un llamado a las autoridades competentes, tanto municipales como federales, para que intervengan, revisen el caso y esclarezcan la situación, a fin de garantizar el respeto a su propiedad, a su actividad productiva y a sus derechos, evitando responsabilidades que considera injustas y un posible conflicto legal.