*Por recortes, incrementos salariales y falta de claridad; finalmente se aprobó por mayoría de votos.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
La aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 detonó una confrontación dentro del Ayuntamiento de Tula, luego de que se confirmara una decisión que desconcertó a varios integrantes del Cabildo: se suprimieron 79 plazas correspondientes a personal jubilado, pero, al mismo tiempo, se incorporó un aumento superior a 12 millones de pesos para el pago de nóminas de funcionarios.
El documento financiero, estimado en 425 millones 197 mil 229 pesos, volvió a colocar como prioridad los recursos destinados a sueldos de personal de confianza, mientras otros rubros considerados urgentes para la población quedaron en segundo plano, como las acciones en materia de seguridad, infraestructura y la atención al problema del lirio acuático y la proliferación del mosco cúlex en la presa Endhó.
La regidora independiente Ivonne Ponce Sobrevilla cuestionó la lógica del planteamiento presupuestal y exigió una explicación sobre cómo es posible que, con una cantidad menor de trabajadores registrados, el gasto programado para 2026 en remuneraciones resulte más elevado. La funcionaria municipal encargada de la contabilidad, María del Carmen Remigio García, señaló que las plazas no habían sido eliminadas, sino reubicadas en otro apartado. No obstante, no expuso con precisión por qué el incremento en la nómina se mantenía pese a la reducción de beneficiarios en el listado de prestaciones.
Ponce también puso en duda que, en un lapso de un solo ejercicio, se pudiera asumir que los 79 jubilados hubieran dejado de existir o desaparecido del padrón sin mayor explicación. Según dijo, no se presentaron datos verificables que justificaran la modificación.
Regidores solicitaron que el dictamen regrese a comisión
El debate escaló cuando un grupo de ediles advirtió que el presupuesto contenía errores e información incompleta. Karina Chiapa, Nelly Mendoza, Ivonne Ponce y Noé Paredes pidieron que el proyecto fuera devuelto a la comisión de hacienda municipal, al considerar que no había condiciones para emitir un voto informado.
Entre sus observaciones enlistan: Una corrección presupuestal mayor a 50 millones de pesos en la asignación destinada al DIF. Datos desactualizados en nombres de funcionarios y direcciones que ya no operan. Falta de anexos técnicos sobre proyectos y requerimientos de cada dependencia. Ausencia de reportes financieros trimestrales del ejercicio pasado, necesarios para evaluar comparativos. Inconsistencias en el capítulo 1000, relacionado con pagos a personal. Señalamientos sobre posibles duplicidades en nómina y variaciones no justificadas de hasta 34 mil pesos en percepciones. La falta de información clara sobre el estatus de los 79 trabajadores jubilados fuera del registro de prestaciones.
La síndica hacendaria Karla María Hernández aseguró que 48% del total de recursos municipales se utilizará para servicios personales y que la estructura orgánica se encuentra en un proceso de actualización normativa. Pero el regidor Noé Paredes replicó que el presupuesto fue construido con cifras heredadas y no bajo un análisis desde cero, lo que, afirmó, contradice los principios de eficiencia establecidos en la ley.
Los ediles señalaron que el tiempo dedicado al análisis fue insuficiente, ya que el proyecto completo se revisó en apenas una hora con cuarenta minutos, sin documentos completos que permitieran una evaluación seria.
El presidente municipal, Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, aseguró que el procedimiento se realizó correctamente y que se consultó a las 47 unidades administrativas mediante reuniones y foros de planeación. También indicó que el municipio mantiene buenos indicadores ante los órganos fiscalizadores.
Sin embargo, su postura no logró neutralizar las críticas. La aprobación se concretó por mayoría, pero la discusión exhibió diferencias internas, dudas sobre el manejo de recursos y falta de coincidencia en los criterios presupuestales.
La controversia se intensificó con la difusión pública de que el alcalde posee una fortuna que rebasa los 20 millones de pesos, cifra que hasta ahora no ha sido explicada con documentación que genere certeza.
El saldo de la sesión
El Presupuesto 2026 quedó autorizado, pero la sesión no logró disipar las dudas. La administración celebró la aprobación; los regidores inconformes sostienen que aún no hay respuestas —ni técnicas ni financieras— que justifiquen cómo se puede eliminar personal, incrementar sueldos gubernamentales y sostener partidas cuestionadas sin una explicación puntual.
La pregunta que permanece en el aire, y que varios funcionarios exigieron contestar sin éxito, es directa: ¿Por qué Tula reduce trabajadores, pero incrementa el gasto destinado a los servidores públicos que están en funciones? *NI*