*En un amplio informe titulado “Destrucción de derechos y libertades de los mexicanos. Sinopsis de un drama normalizado”, se advierte que México vive un proceso de debilitamiento institucional y pérdida de garantías democráticas.
*Hoy México atraviesa un proceso de transición hacia un régimen autoritario.
Ciudad de México.– Un amplio informe titulado “Destrucción de derechos y libertades de los mexicanos. Sinopsis de un drama normalizado” advierte que México vive un proceso acelerado de debilitamiento institucional y pérdida de garantías democráticas, impulsado durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y ahora continuado por Claudia Sheinbaum.
El documento, sustentado en diversos episodios y denuncias, sostiene que en los últimos años se ha configurado un Estado autoritario y despótico, donde instituciones clave fueron cooptadas o eliminadas, dejando a los ciudadanos sin mecanismos de defensa ante abusos de poder.
Casos emblemáticos de censura y abuso de poder. Entre las situaciones documentadas se encuentran hechos inéditos en la vida política reciente del país:
● La humillación pública de un ciudadano en el Senado por parte del legislador Gerardo Fernández Noroña.
● La detención y sanción contra un periodista en Campeche tras una denuncia de la gobernadora Layda Sansores, quien lo acusó de “daño psicológico” y afectación a su imagen pública. La sanción incluyó multa millonaria y restricciones judiciales a su labor informativa.
● La elección de Tania Contreras como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, pese a múltiples señalamientos sobre vínculos con el crimen organizado.
● La censura contra el historiador Héctor de Mauleón y el periódico El Universal, obligados a retirar una columna crítica sobre corrupción judicial.
● La imposición de sanciones ejemplares contra ciudadanos por comentarios en redes sociales, como el caso en Sonora donde una ama de casa fue obligada a disculparse públicamente durante un mes por un mensaje en “X” que fue considerado ofensivo hacia una diputada local.
Reformas legales con sesgo autoritario
El informe también advierte sobre la aprobación de leyes que fortalecen el control gubernamental sobre la vida pública. En Puebla, la llamada “Ley Censura” permitiría procesar penalmente a ciudadanos por publicaciones en redes sociales bajo la figura de “ciberacoso”. A nivel federal, la nueva Ley de Telecomunicaciones otorga a la presidencia facultades para censurar contenidos en medios y plataformas digitales, incluso con la posibilidad de cerrar medios de comunicación.
De acuerdo con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), esta normativa representa un riesgo inédito para la libertad de expresión en México.
Desmantelamiento institucional y endeudamiento récord
El texto sostiene que instituciones como la CNDH, COFECE, CONEVAL, INAI, IFT y Mejoredu han sido neutralizadas o desaparecidas, mientras que el INE y el Tribunal Electoral se encuentran bajo control político. Con ello, se habría eliminado la división de poderes, pilar fundamental de cualquier democracia.
En materia económica, se señala que la deuda pública alcanzó 18.82 billones de pesos en junio de 2025, equivalente a 142 mil pesos por habitante, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Este endeudamiento, sumado a casos de ostentación y gastos excesivos de políticos de la 4T, refuerza la percepción de un régimen marcado por la corrupción y la discrecionalidad en el uso de recursos públicos.
Llamado a la acción ciudadana
El documento concluye que México atraviesa un proceso de transición hacia un régimen autoritario, similar a los modelos de socialismo populista aplicados en países de América Latina. Advierte que los escándalos de corrupción, las agresiones a periodistas y las sanciones contra ciudadanos comunes son síntomas de un sistema que concentra el poder y reduce las libertades.
Finalmente, hace un llamado a los partidos políticos de oposición, organizaciones civiles y a la ciudadanía en general a conformar un Gran Frente Nacional rumbo a las elecciones de 2027. Dicho frente tendría como objetivo la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la restauración de las instituciones democráticas, mediante vigilancia electoral y presión social. *NI*