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*Propuesta de Ley Electoral.

Con no muy buenos augurios de parte de la opinión pública después de lo ocurrido con la fallida ley eléctrica en donde Morena no consiguió los votos necesarios para modificar la Constitución en la cámara de origen, en días recientes los diputados recibieron una iniciativa gubernamental, ahora para crear una nueva ley electoral.

Percibimos los no buenos augurios por dos razones. El partido en el gobierno desde los poderes ejecutivo y legislativo -hoy convertidos penosamente en uno solo- no ha digerido lo ocurrido hace tres domingos y lejos de eso hay quienes pretenden acusar a los legisladores que votaron en contra por “traición a la patria”. Ni más ni menos. Y segundo, al leer la nueva iniciativa, los expertos coinciden que es una nueva ley creada a modo para los fines personales-políticos de AMLO.

Para comenzar no se sabe de diálogo previo entre los legisladores de todos los partidos. Resulta elemental en un proyecto de esta naturaleza –crear una nueva ley- que todas las partes involucradas sepan previamente de qué se trata.

Se me viene a la mente el conflicto por los trabajos del río Tula, generados en gran parte porque la autoridad federal nunca ha querido socializar su propuesta de obra, que por cierto ya ejecuta por cuanto al desazolve. Se ven enormes montones enormes de lodo a la mitad del cauce, veremos que dicen las primeras crecidas de agua que ya están a la vuelta de la esquina.

Y volviendo al tema de la ley electoral, el conocido politólogo Jorge Alcocer da sus puntos de vista sobre la citada iniciativa. Se trata de sepultar al INE y de crear el INEC o sea el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad administrativa única a nivel local y federal en cuestión electoral por supuesto. Es decir, centralizar las disposiciones en esta materia como en tiempos de López de Santa Ana.

En este escenario el INEC se va a integrar por un presidente y seis consejeros, electos cada seis años en voto secreto, directo y universal. Será presidente quien obtenga más votos. Al tiempo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus integrantes serán electos igual que los del INEC. Las impugnaciones serán resueltas por la SCJN.

¿Y de dónde van a salir los aspirantes a estos cargos? Cada uno de los tres poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial van a proponer una lista de 20 aspirantes. Aquí el primer gran problema: si hoy en día los poderes legislativo y judicial se han convertido en lacayos de AMLO, entonces ya sabrán que sello van a traer las 60 propuestas.

Y una de las muestras de la pretendida centralización es por cuanto a que en la nueva ley desaparecen los organismos estatales. Hablamos de institutos y tribunales en la materia. Es decir, habrá una sola ley, con lo que se les quita a los congresos locales la facultad de crear leyes en este rubro.

Habrá que reconocer que quitar el financiamiento público a los partidos, es desde hace tiempo una demanda ciudadana. Se propone que los recursos se obtengan de sus propios militantes o simpatizantes. No lo podrán buscar y en su momento obtener de las iglesias, de empresas mercantiles y de entes o gobiernos extranjeros. Hay que precisar que, en época de campañas, los partidos sí seguirán recibiendo recursos del gobierno.

También vale la pena analizar por cuanto a la idea de reducir de 500 a 300 diputados federales y en la de senadores de 128 bajar a 96 escaños. Interesante la propuesta. Se propone que ambas cámaras se integren a través de listas que los partidos políticos presenten y pasando con ello a una representación proporcional al 100 por ciento plurinominal.

Otro rubro no menos importante es que se busca reducir el número de integrantes en los congresos locales y también en los ayuntamientos. En el primer caso se habla de un máximo de 45 legisladores y un mínimo de 15, de acuerdo con la población de cada entidad. Hay que recordar que por ejemplo hoy en Hidalgo se tienen 30 diputados.

Y por cuanto a los municipios se busca que haya un máximo de nueve integrantes del cabildo o alcaldía en el caso de la ciudad de México. Los próximos munícipes serían electos también por representación proporcional. Es decir, todos plurinominales.

Los primeros consejeros electos del INEC y magistrados de la Sala Superior del TEPJF entrarían en febrero del 2023 y de aprobarse la nueva ley los actuales consejeros del INE y magistrados del TEPJF serán cesados y dejarán sus cargos al asumir los electos el mes y año citado líneas arriba.

También se habrán de disolver los tribunales electorales locales y su patrimonio y recursos humanos serán asignados al gobierno local correspondiente. En todo este escenario el Congreso de la Unión deberá expedir la ley única en materia electoral a más tardar 90 días después de la publicación de la reforma constitucional.

A grandes rasgos es la propuesta del presidente Obrador. No está de más reconocer e insistir que resulta interesante reducir el número de diputados, senadores y regidores. De igual forma disminuir las prerrogativas presupuestales a los partidos políticos, que en este caso una de las preocupaciones sería que, ante este nuevo escenario, dichos institutos busquen recursos entre los grupos delincuenciales, con todo lo que esto significa.

Ante este escenario tal vez resulte más interesante modificar la ley actual electoral para incorporar los cambios ya referidos, pero conservar al INE como hoy lo tenemos, puesto que ha dado reiteradas muestras de su autonomía y capacidad de sus integrantes. Pretender desaparecerlo, parece una revancha de AMLO porque no se ha sometido a sus intereses.

Y es que la venganza nunca es buena consejera, pero hoy parece el sello de la casa. En fin.

Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega, pero… En Confianza. *NI*



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