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*No funcionó subir impuestos.

De acuerdo con un interesante estudio de Javier Eli Domínguez que se dio a conocer recientemente, en México de nada sirvió la creación en el 2014 de un nuevo impuesto para desalentar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica, pues lo resultados nos demuestran que, en vez de disminuir, subió la insana costumbre de ingerir alimentos con estas características.

El trabajo que nos presenta Eli se llama “La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021” y podemos observar cifras tan contundentes como estas: La proporción de adultos en el país con obesidad y sobrepeso pasó del 71.3 en el 2012 a 74.1 en el 2020.

Claro lo importante para el gobierno en turno, antes con Peña Nieto al frente y ahora con López Obrador, con este costo extra al consumo de estos productos, se pretendía inhibir su compra –misma que no se ha logrado- pero sí se ha convertido en un importante gravamen de recaudación. Políticas públicas que ningún gobierno de izquierda, derecha o del centro va a estar dispuesto a dejar escapar.

Lo anterior si consideramos que las autoridades comprueban que una vez que dicho incremento en el gravamen impositivo no funcionó, pues echarlo para atrás sería lo normal, pero no. Recordamos el caso del pago de la tenencia por uso vehicular se ha dicho que se impuso “temporalmente” para solventar los gastos de las Olimpiadas en 1968, hoy a 54 años de la justa deportiva y convertido en un impuesto local, casi todas las entidades en el país lo mantienen.

El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) se ajustó en dos años después (2016) de ser presentada la iniciativa para crear un gravamen especial para desalentar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico y pobre en aportación de nutrientes. El estudio hoy nos muestra que en materia de recaudación fiscal ha resultado un éxito, pero en su objetivo primordial es un fracaso.

Durante el 2021 por el pago de impuestos a alimentos chatarra, el Estado recibió 40 mil millones de pesos que en su origen debían aplicarse en atención a la salud y la educación, ello de acuerdo con los compromisos del IEPS en el sentido de que con el 10 por ciento de lo recaudado se iban a instalar bebederos y mejorar la infraestructura de las escuelas públicas, además de garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales o de alta marginación. Esto ni antes ni ahora ha ocurrido.

En su creación este impuesto causó buenas expectativas pensando en sus fines. Es más, el Instituto Nacional de Salud Pública informó que el consumo de este tipo de productos había disminuido el 11 por ciento a raíz de la aplicación del IEPS. Pero en términos demográficos ello no se ha visto reflejado en que la obesidad y el sobrepeso en México sea menor, sino al contrario.

Hoy en día en nuestro país siete de cada 10 personas presentan este problema, mientras que uno de cada tres menores deja ver el mismo mal pues se les nota ya esa tendencia. La mayoría pensamos que este nuevo impuesto, además de los etiquetados sobre la advertencia de su deficiente calidad nutricional, tendría buen fin sin embargo la realidad nos muestra otra cosa.

Y es que el actual gobierno su estrategia ha sido, al contrario, las deficiencias en el sistema sanitario y el dinero recaudado no se refleja en la mejora prometida, por el contrario, los programas y campañas del sector salud destinados a crear conciencia y evitar el incremento de la obesidad o tratarla, han sufrido recortes presupuestales lo que resulta paradójico.

Tengamos presente que cuando se reformó la ley del IEPS en el 2017 se ofreció que sus ingresos servirían para financiar el combate médico a la desnutrición, la obesidad y a la diabetes y por supuesto que hoy nada de eso ha ocurrido. Basta tener presente las políticas de supuesta austeridad que hoy distinguen al gobierno y ello nos lleva a concluir que nunca, y menos ahora, se podrá en práctica el anunció de dar más recursos a la salud.

Notas Breves.- El calendario electoral en Hidalgo para renovar el poder ejecutivo en Hidalgo avanza, el proceso formalmente comenzó el 15 de diciembre; el 2 de enero fue el límite para registrar las coaliciones; ahora de aquí al 10 de febrero estamos en precampañas, para que al día siguiente al 2 de abril los partidos, las coaliciones seleccionen formalmente a sus candidatos, mismos que tendrán que ser registrados entre el 19 y 23 de marzo, para que del 3 de abril al primero de junio estemos en plenas campañas para que el domingo 5 de junio vayamos a las urnas a elegir al sucesor –mujer u hombre- de Omar Fayad.

Todo parece indicar que todo se va a decidir entre Carolina Viggiano la priista propuesta por el PAN de la coalición “Va por Hidalgo” junto con el PRD; Julio Menchaca el senador que va por Morena con el apoyo del Partido Verde y el del Trabajo y el diputado con licencia Francisco Javier que declinó buscar las firmas necesarias para convertirse en candidato independiente y va ahora por Movimiento Ciudadano.

Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega , pero…En Confianza. *NI*










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