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*Los documentos y la Constitución de 1917.

Por MIGUEL ANGELES ARROYO

El pasado 5 de febrero se conmemoraron 105 años del nacimiento de la máxima ley del pueblo mexicano, misma que se ha mantenido vigente desde su promulgación en Querétaro.

Nuestra constitución se colocó a la vanguardia a nivel mundial, al establecer que la ley no sólo debe fijar la base organizativa del Estado y reconocer las garantías individuales, sino también ser garante de los derechos sociales, económicos y culturales de las clases populares.

Hoy, se ha avanzado en reformas importantes: el derecho a la pensión para niñas y niños con discapacidad, elevar a rango constitucional las pensiones para los adultos mayores, el derecho de los estudiantes pobres a recibir una beca y el derecho del pueblo a la salud al reformar el artículo 4 Constitucional.

Esto significa un gran paso hacia la justicia social, un avance importantísimo porque ya no podrán reducirse los presupuestos destinados a garantizar estos derechos, y esto se ha logrado bajo el gobierno de la Cuarta Transformación.

También, entre otros derechos reconocidos y no menos importantes, sobre todo para evitar las controversias del pleno goce de derechos se encuentra el ejercicio a la petición que se consigna en el artículo 8 y reconoce que: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

Con ello, queda expuesta la relación entre el ejercicio del derecho y los documentos; pues uno de los requisitos para ejercer el derecho de petición es que se formule de manera escrita, el documento es un elemento de testimonio, información y evidencia, al considerar que todo asunto del Estado debe quedar por escrito pues los compromisos que se hacen con palabras resultan inciertos, pero a través de los documentos abundan los archivos que atestiguan su actuación.

Se debe tomar en cuenta al momento de ejercer este derecho la consideración de entregar por duplicado la petición para acuse de recibido, para que pueda quedar constatado que la petición fue presentada al servidor público.

Por lo que toda petición o queja deberá presentarse debidamente por escrito ante la autoridad, persona o grupo de personas de forma verbal o escrita; para que se investigue la presunta violación y pleno ejercicio de derechos.

Por su parte, en la respuesta que se dé, debe conducir a la solución, o por lo menos al esclarecimiento de lo solicitado en el derecho de petición; esta respuesta debera ser puntual, precisa, pertinente; no se debe dar una respuesta evasiva, vaga y que no ofrezca nada al peticionario.

En el ámbito Municipal es muy grave el perjuicio que se le ocasiona al ciudadano cuando no se otorga una respuesta de esa manera, donde no se le resuelve de fondo a su pretensión.

Respuestas simplemente donde en muchas ocasiones se reproduce una primera contestación y no se resuelve materialmente, no constituyen una contestación adecuada al derecho de petición.

Tampoco es respuesta adecuada el no reconocimiento de la pensión, cuando el comportamiento administrativo ha debido ser el de la prontitud en el trámite.

En resumen, podemos señalar que la Constitución de 1917 concibió en sus artículos la relación del ejercicio del derecho con los documentos, como es el caso del artículo 8.

Con el pasar del tiempo para la gestión documental en el Municipio se deberá crear la Coordinación de Archivos, siendo necesaria para la adecuada incorporación al Sistema Estatal de Archivos; pues el establecimiento de nuevas estructuras garantizará la correcta gestión documental y el ejercicio de los derechos a través de los documentos.

Sin duda, uno de los más grandes avances archivísticos de nuestro país ha sido la promulgación de la Ley General de Archivos.

Los documentos han sido elementos considerados para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, por tal razón en nuestra Constitución de 1917 podemos encontrar artículos que reconocen el poder del documento.



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