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*La inclusión también es responsabilidad de los municipios.

Por Miguel Angeles Arroyo


La accesibilidad es aquella condición que debe cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.


Actualmente, la accesibilidad ha dejado de ser sinónimo de supresión de barreras físicas para adoptar una dimensión preventiva y amplia, generalizable a todo tipo de espacios, productos y servicios. Por otra parte, se trata de una variable fundamental para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, convirtiéndose paulatinamente en un reconocimiento general, como mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.


Desde el punto de vista poblacional, se pude decir que la accesibilidad es fundamental para un 10 % de la población, para un 40 % es necesario y para el 100 % es confortable.

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La accesibilidad es un derecho de la persona y, como tal, debe ser tratado para conseguir la equiparación de oportunidades. Así mismo, la persona tiene derecho a la autonomía y la movilidad personal, como correspondencia al logro de una vida plenamente independiente. Por último un aspecto fundamental es la normativa, que desde hace unos años obliga a que todo bien, producto o entorno sea accesible para todas las personas.


La discapacidad tiene un enfoque en el que las barreras del entorno son las que generan las dificultades y las limitaciones de la persona, por ende si no se contempla las necesidades de los usuarios en el proceso de diseño se concebirá una ciudad excluyente.


Un factor que ha determinado la exclusión de las personas con discapacidad ha sido la discriminación, que ha impedido la plena participación en la sociedad, así como en el acceso de su entorno inmediato como parte de un derecho que todos tenemos.


El desarrollo y sin planificación que la ciudad de Tula ha tenido en los últimos años en materia de accesibilidad, ha implicado una infraestructura urbana sin perspectiva e inversión para adaptar elementos de la misma.


Por ello se contempla visualizar y replicar prácticas que sean en beneficio para todos y que contribuyan a crear una ciudad más accesible, un ejemplo de ello es la Unión Europea que ha implementado un premio denominado Access City para reconocer las acciones que las ciudades europeas realizan en este aspecto.


Siempre teniendo en cuenta el derecho a la igualdad de oportunidades mediante la eliminación de las barreras físicas, sociales y culturales, que permiten el desarrollo pleno.


En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de gobierno se reunieron en la Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que se aprobó la agenda 2030, que desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.


La agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Lo adoptaran los Estados que se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Sí se alinea la accesibilidad a la agenda de objetivos de desarrollo sostenible, tomando en cuenta ciertos puntos para el desarrollo del mismo, así como para las propuestas de solución.


De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.


Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.


Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.


Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.


De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.


Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.


En Tula de aquí a 2024, aumentar considerablemente el número de asentamientos humanos que adopten e implementen políticas y planes integrados para promoverla inclusión.


Para esta agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesita alianza entre el gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.


Deben reformularse los marcos de vigilancia, los reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan este desarrollo sostenible.


Así que para alcanzar la tan anhelada inclusión social de las personas con discapacidad, es fundamental que todos en el ámbito en el que nos desempeñamos hagamos lo que nos corresponde y que tengamos muy claro que en nuestro caso, como servidores públicos, independientemente de percibir un sueldo estatal o municipal, nuestro compromiso esta con las personas con discapacidad, a quienes representamos y por quienes hoy tenemos un empleo. *NI*





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