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Ingresan demanda colectiva contra tiradero regional

*Esperan peritajes en diversos rubros.

Por Francisco Villeda

Atitalaquia, Hgo.- Opositores a la operación del nuevo tiradero regional ubicado en Atitalaquia iniciaron una demanda de acción colectiva para conseguir la suspensión de las actividades en el inmueble por el presunto daño ambiental que causa.

Jesús Eduardo García Pérez, abogado que representa a los pobladores inconformes con el inmueble, dijo que existe preocupación entre habitantes del municipio por la afectación que el nuevo tiradero regional ocasiona.

Derivado de ello determinaron iniciar una acción jurisdiccional, mediante una demanda de acción colectiva ante el juzgado segundo de distrito con sede en Pachuca, para proteger los derechos colectivos, entre ellos el de contar con un medio ambiente sano.

Dicha acción legal fue ingresada el 25 de abril y ya fue radicada en el expediente 43/2022, aunque en los próximos días podrán recibir el acuerdo de admisión del recurso legal, para dar continuidad a esta primera acción jurisdiccional, iniciada en contra del alcalde de Atitalaquia, Agustín Hernández Olguín, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) y la empresa Esmex Hidalgo, la cual opera la instalación.

La finalidad es lograr la suspensión provisional del inmueble situado en la comunidad Bojay y después obtener un fallo para suspender definitivamente esa planta, y dentro de ese proceso obtener además una orden para que después de su clausura se saneé el espacio, algo que es obligatorio para resarcir la afectación al ambiente.

García Pérez dijo que el tiradero es un proyecto que no se consultó con la población y del que no se ha presentado hasta el momento la documentación correspondiente que justifique el inmueble o respalde y garantice la adecuada operación.

Afirmó que a pesar de las solicitudes que han realizado a las distintas autoridades, hasta ahora no les han proporcionado todos los documentos; precisó que recientemente la alcaldía entregó el contrato del inmueble, pero aseveró que en ese documento sólo figura la firma del alcalde, pues los regidores no lo signaron, aunque cuando se sometió a aprobación la concesión el cabildo la aprobó por mayoría.

Resaltó que con la acción legal la autoridad correspondiente ordenará a las diversas instancias la entrega de toda la documentación relacionada con el proyecto, para que finalmente pueda conocerse, y también podrían realizarse peritajes en diversos rubros, con la finalidad de elaborar un diagnóstico integral sobre esta problemática generada por un proyecto que, dijo, no fue socializado y afecta de manera grave al ambiente. *NI*



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