La mala gestión y el abandono de responsabilidades legales durante la pasada administración municipal de Tlaxcoapan hoy alcanzaron consecuencias penales. El ex presidente municipal del periodo 2020–2024, junto con dos exsíndicas, fue formalmente imputado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por presuntas omisiones que derivaron en un juicio laboral perdido y un laudo condenatorio contra el ayuntamiento.
De acuerdo con la causa penal 685/2025, los exfuncionarios identificados con las iniciales J. P. S., E. M. L. y L. M. Á. C. enfrentan imputaciones por incumplimiento de un deber legal, fraude procesal y lo que resulte, por su actuación —u omisión— mientras ejercían cargos clave dentro del gobierno municipal.
La PGJEH informó que el caso fue judicializado mediante citación y que el pasado 14 de enero se celebró la audiencia inicial en el distrito judicial de Tula. Durante la diligencia, el Ministerio Público expuso los señalamientos en contra de los tres ex servidores públicos, quienes optaron por acogerse a la duplicidad del término constitucional, aplazando así la definición de su situación jurídica.
Será el 19 de enero de 2026, a las 15:00 horas, cuando el juez determine si los imputados son vinculados o no a proceso.
Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó que los exfuncionarios no podrán acercarse a la presidencia municipal de Tlaxcoapan ni tener contacto con servidores públicos de la actual administración, una decisión que subraya la gravedad de los señalamientos.
Según la investigación de la Procuraduría, las imputaciones se originan en el expediente laboral 847/2021, en el que las entonces autoridades municipales habrían incurrido en una cadena de omisiones: no acudir a audiencias, presentar pruebas de forma incorrecta, abandonar el procedimiento y omitir la presentación de alegatos. Estas negligencias, lejos de ser menores, desembocaron en un fallo adverso que comprometió los recursos públicos del municipio.
La resolución judicial del próximo 19 de enero marcará el rumbo legal de quienes, desde el poder municipal, habrían dejado de cumplir con una de sus obligaciones más elementales: defender legalmente los intereses del ayuntamiento que gobernaban.