*Más allá de la abogacía: una convocatoria a la conciencia profesional colectiva.
Por Esteban Ángeles Cerón
Considero que el artículo de Raúl Arroyo, publicado el 9 de junio de 2025, no es únicamente una crónica sobre la reciente Cumbre Internacional ICAM 2025 ni un análisis técnico dirigido a la comunidad jurídica. Es, en realidad, una lúcida y oportuna convocatoria a la conciencia de todas las profesiones, a las instituciones que las agrupan y al tejido organizado de la sociedad.
Es un llamado que interpela no sólo a las y los abogados, sino también a médicos, ingenieros, maestros, economistas, científicos, empresarios, periodistas y artistas. A todos aquellos que, desde el ejercicio profesional, pueden y deben contribuir a la reconstrucción de nuestras democracias.
A partir de las palabras del decano Eugenio Ribón del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid —quien advierte con preocupación sobre el deterioro del Estado de Derecho en Iberoamérica, respaldado por el reporte del World Justice Project que documenta el retroceso institucional en el 78% de los países de la región desde 2016—, podemos preguntarnos: ¿dónde están las profesiones organizadas ante el colapso institucional? Su texto pone de relieve que ya no basta con ejercer con excelencia técnica.
En tiempos de crisis democrática, toda profesión tiene un deber cívico, un compromiso ético con la sociedad. La abogacía, dice Ribón, debe ser defensora activa de derechos, promotora de reformas estructurales y constructora de confianza social. Pero lo mismo puede y debe exigirse del magisterio en defensa de la educación pública, de los ingenieros en el fortalecimiento de la infraestructura y la innovación, de los economistas en el diseño de políticas públicas justas y sostenibles, de los médicos en la defensa del derecho a la salud, de los comunicadores en la batalla por la verdad, y de los empresarios como garantes de desarrollo con responsabilidad social.
El artículo documenta tres hechos lamentables —la detención del jurista Enrique Anaya en El Salvador, la persecución de migrantes mexicanos en Estados Unidos y el atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay— que confirman la gravedad del deterioro institucional en la región. No son incidentes aislados; forman parte de un patrón preocupante de normalización del abuso, el autoritarismo y la impunidad.
Por eso es importante el llamado a la acción de la Cumbre ICAM 2025 y de la Declaración de Madrid, porque urge que los Colegios de Profesionistas, las asociaciones académicas, las cámaras empresariales, los sindicatos, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil asuman una postura clara y valiente. No podemos seguir siendo espectadores de la decadencia democrática.
Es momento de ser protagonistas de la transformación institucional, desde cada ámbito , con visión compartida y con sentido estratégico. La educación jurídica de excelencia es fundamental, pero también lo es la educación científica, pedagógica, técnica, artística, médica y tecnológica.
En un mundo marcado por la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes, el arbitraje internacional, la transición energética y los desafíos de sostenibilidad, las profesiones deben prepararse no sólo para adaptarse, sino para incidir con responsabilidad ética en la transformación social. La competitividad, la productividad y la innovación —también discutidas en la Cumbre— no serán posibles sin una gobernanza sólida ni sin instituciones democráticas confiables.
Hoy más que nunca, el deterioro institucional no es un problema de abogados: es un problema de todos. Y la reconstrucción tampoco será posible sin todos. En ese sentido, este artículo es un recordatorio urgente para estar consciente y actuar, porque el futuro de Iberoamérica dependerá de la capacidad de sus comunidades profesionales para asumir su tiempo con responsabilidad histórica. *NI*