Sin justicia independiente, no hay democracia posible
Por Esteban Ángeles
El artículo publicado recientemente en La Jornada Hidalgo por Raúl Arroyo, titulado “El liderazgo de la futura Suprema Corte”, parte de una aspiración legítima, pero cae en un voluntarismo que pierde la memoria. Lanza un llamado a que los nuevos ministros construyan un liderazgo colectivo, institucional y ético que encauce la reforma judicial por buen camino, olvidando que ese liderazgo no se decreta: se construye desde la trayectoria, el respeto y el ejemplo.
Ese liderazgo -valiente, íntegro y articulado— no existe entre quienes integrarán el nuevo pleno. La Corte arranca con un déficit profundo en estos atributos. Su renovación no fue el resultado de un proceso abierto, transparente o basado en el mérito, sino el desenlace de una estrategia política donde cada nombramiento ha sido funcional al poder, no a la justicia.
Los futuros ministros no llegan por su prestigio profesional ni por su probada independencia, sino por su docilidad o conveniencia. Ninguno proyecta autoridad ni liderazgo. No hay en el conjunto un solo perfil que pueda considerarse referente de excelencia jurídica o integridad moral. Todos llegan manchados por haberse prestado a un juego sucio, perverso y destructivo del orden constitucional.
A todos los distingue una constante: la falta de trayectoria, de credenciales, de autoridad jurídica y ética. Algunos son ajenos al ejercicio judicial; otros arrastran escándalos académicos o una militancia política incompatible con los principios de imparcialidad y autonomía.
Es inútil exigir que el nuevo pleno comunique principios, genere confianza o encabece una transformación judicial. Esa demanda choca con la realidad: lo que se ha conformado es un conjunto disgregado, sin visión común ni estatura para liderar un proyecto institucional serio.
La toga -símbolo de dignidad judicial- fue vaciada de contenido mucho antes de ser retirada.
Hoy no representa conocimiento, integridad ni vocación de servicio público, sino una forma hueca de poder sometido. El pleno entrante no sólo carece de liderazgo: carece de legitimidad ante la sociedad.
No hay claridad, ni rumbo, ni voluntad de defender el Estado de Derecho. Sus integrantes ni siquiera comparten una visión jurídica común, ni muestran la autoridad técnica o moral que tal responsabilidad exige. Lo que hay es simulación, propaganda, simbolismos vacíos y obediencia al poder presidencial, como lo evidencian sus primeras declaraciones y sus posturas desconectadas de la realidad institucional del país.
México necesita una Suprema Corte capaz de ser contrapeso, no comparsa. Una Corte que defienda la Constitución, no que la acomode al capricho del gobernante. Pero para eso se requiere liderazgo real, no buenos deseos ni ficciones institucionales. Y ese liderazgo no lo traerá ninguno de los próximos ministros, porque simplemente no lo tienen. Lo que se perfila es una institución ocupada por intereses políticos y vaciada de sustancia jurídica y moral.
Aceptar esta verdad es el primer paso para comprender la gravedad del momento que vivimos. La justicia no está en peligro solo por las reformas, sino por quienes las encabezan sin preparación, sin vocación y sin legitimidad. Hoy más que nunca, defender la democracia pasa por denunciar sin titubeos la impostura en que se ha convertido la renovación de nuestro máximo tribunal.
Como ciudadanos, como observadores críticos y como defensores del orden constitucional, debemos estar vigilantes del desempeño de esta nueva Corte. No podemos ceder ni resignarnos. Es urgente mantenernos informados, organizados y atentos.
La ciudadanía no debe replegarse. Hay que vigilar, documentar y denunciar cada decisión del nuevo pleno, exigir transparencia en sus resoluciones y firmeza frente a los abusos del poder.
Lo que está en juego no es un simple debate técnico, sino el alma constitucional de la República.
Resistamos desde el derecho, desde la palabra, desde la observación crítica y activa. Frente al debilitamiento institucional: presión pública, análisis riguroso y exigencia permanente. La democracia no se defiende sola. La legitimidad no se hereda ni se impone: se construye con independencia, justicia y coherencia.
Y ahí, la sociedad tiene todavía un papel fundamental que jugar. La Suprema Corte, aunque hoy capturada, aún puede y debe ser observada, juzgada y eventualmente reconstruida. La ciudadanía, si está informada, organizada y vigilante, puede hacerla rendir cuentas.
Porque sin justicia independiente, no hay democracia posible. *NI*