Narco poder: raíz del fracaso de la seguridad en México
Serie: Rescatar la República
Por Esteban Angeles
En continuación del artículo “Seguridad sin simulación: cómo recuperar la paz desde el Estado de derecho”, sostuvimos que la inseguridad en México no es producto del azar, sino de una renuncia deliberada del Estado a ejercer la ley con plenitud. Afirmamos también que no hay paz posible sin Estado de derecho y que toda política de seguridad que ignore este principio está condenada a la simulación.
Hoy es necesario decir lo que con frecuencia se evita: el combate al narcotráfico fracasa porque el crimen no actúa solo, sino protegido por el poder político y el poder económico.
La violencia que desangra al país no se explica únicamente por la ferocidad de los grupos criminales ni por su capacidad armada. Esa explicación, repetida hasta el cansancio, resulta funcional porque desplaza la atención del verdadero problema: el narcotráfico se ha convertido en un sistema de poder, incrustado en estructuras políticas, administrativas y empresariales.
Mientras ese sistema no sea desmantelado, cualquier estrategia de seguridad será parcial y, en el fondo, inútil.
El error histórico del Estado mexicano ha sido combatir al narcotráfico como si se tratara exclusivamente de bandas criminales aisladas. Se despliegan fuerzas, se anuncian capturas, se presume el decomiso de armas o drogas; pero la estructura que permite al crimen sobrevivir permanece intacta. El resultado es un ciclo interminable de violencia: se descabezan organizaciones, pero el negocio continúa; se multiplican los muertos, pero no disminuye el poder criminal.
Durante décadas se ha intentado enfrentar al narcotráfico como si fuera un enemigo externo, separado del sistema político y económico. En realidad, el narco opera sobre tres pilares inseparables: El primero es el más visible y el más castigado: los operadores armados, sicarios y distribuidores. El segundo es el más corrosivo: los narco políticos, autoridades que facilitan, encubren o protegen la actividad criminal, ya sea por complicidad, miedo o beneficio electoral.
Y el tercero es el más silencioso y, con frecuencia, el más intocable: los narco empresarios, responsables de lavar dinero, financiar campañas, adquirir empresas, obtener contratos públicos y normalizar el dinero ilegal dentro de la economía formal.
Atacar solo al primer pilar produce una ilusión de acción, pero no debilita al sistema. Los operadores criminales son reemplazables; las redes de protección política y económica no. Por eso la violencia persiste aun cuando se anuncian capturas espectaculares o despliegues masivos de fuerza. Por eso el control territorial del crimen se mantiene. Y por eso la impunidad sigue siendo la regla.
En el texto anterior señalamos que no hay monopolio legítimo de la fuerza cuando el Estado tolera zonas donde la ley no se aplica. Hoy debemos precisar algo más grave: no hay Estado de derecho cuando quienes deberían hacer cumplir la ley están vinculados al crimen o se benefician de él. Municipios capturados, policías cooptadas, campañas financiadas con dinero ilícito y fortunas inexplicables no son anomalías; son síntomas de una captura institucional profunda.
La violencia no es solo consecuencia de ese sistema; es también su instrumento. Sirve para controlar territorios, disciplinar comunidades, desplazar poblaciones y asegurar rentas ilegales.
Pero también sirve para generar miedo, desmovilización social y dependencia política. En ese sentido, la violencia resulta rentable para quienes viven de ella, dentro y fuera del crimen organizado.
Por eso hablar de seguridad sin hablar de narco políticos y narco empresarios es una forma de engaño. Es exigir sacrificios a las fuerzas de seguridad y a la ciudadanía mientras se protege —por acción u omisión— a quienes hacen posible y rentable la violencia.
Recuperar la paz exige algo más que operativos. Exige romper el pacto implícito entre poder, dinero y crimen. Exige investigar y sancionar vínculos políticos con el narcotráfico sin excepciones. Exige aplicar la extinción de dominio contra empresarios cómplices. Exige inteligencia financiera real, persecución de redes completas y fiscalías capaces de tocar intereses que hoy se consideran intocables.
Nada de esto es sencillo ni políticamente cómodo. Implica enfrentar resistencias, costos y riesgos. Pero no hay alternativa. Ningún país ha reducido de manera sostenida la violencia criminal sin depurar sus élites políticas y económicas. México no será la excepción.
La paz y la seguridad no se construyen solo con fuerza ni con discursos. Se construyen con un Estado que se atreva a mirarse al espejo y desmontar sus propias complicidades. Sin ese paso, toda promesa de seguridad será retórica vacía. Solo instituciones fuertes, autónomas y limitadas pueden frenar la violencia y devolverle futuro a México, porque cuando el crimen captura al poder, se pierde la ley; y cuando se pierde la ley, se pierde la República.