*El silencio como política de Estado: cuando no decidir también es una decisión
Por Esteban Angeles
En política, el silencio no es ausencia: es acción. Es mensaje. Es toma de partido. Cuando un gobierno calla frente a hechos graves, no está suspendiendo el juicio, está ejerciendo el poder desde la omisión. En el México gobernado por Morena, el silencio —acompañado de ambigüedad calculada y dilación sistemática— se ha convertido en una auténtica política de Estado.
La presidenta ha heredado y perfeccionado un estilo de gobierno que evita la definición clara frente a los asuntos estratégicos del país. Seguridad pública, expansión territorial del crimen organizado, impunidad, relación con Estados Unidos, posicionamiento ante regímenes autoritarios como Venezuela y Cuba, reformas institucionales de alto impacto y rendición de cuentas: en todos los casos se repite el mismo patrón. No hay decisiones contundentes, no hay posturas firmes, no hay asunción de costos políticos. Hay silencios cuidadosamente administrados, discursos técnicos que no dicen nada y una narrativa diseñada para posponer indefinidamente la responsabilidad.
Este silencio no es neutralidad. Es una forma de alineamiento tácito. Callar ante la violencia estructural no es prudencia: es normalización. Evadir el reconocimiento del crimen organizado como un problema de Estado no es estrategia: es claudicación. Dilatar definiciones frente a Venezuela o guardar silencio ante Cuba no es diplomacia: es complicidad pasiva. En política, lo que no se nombra se tolera; y lo que se tolera, se reproduce.
La ambigüedad ha sido elevada a mecanismo central del poder. Sirve para evitar conflictos inmediatos, pero a costa de incrementar los costos estructurales del país. Un Estado que no decide transmite debilidad. Un gobierno que no fija límites pierde capacidad de conducción. Y una presidencia que confunde cautela con indefinición termina dejando al país a la deriva.
En este vacío, la política ha sido sustituida por la administración del relato. Conferencias, eufemismos, tecnicismos jurídicos y un lenguaje deliberadamente despolitizado buscan simular control donde hay evasión. La función del gobierno ya no es resolver, sino explicar por qué no resuelve. Ya no es decidir, sino administrar la percepción. Pero ningún país se gobierna desde el discurso permanente ni desde la neutralización del conflicto político.
Las consecuencias son claras: cuando el Estado no ocupa su lugar, otros lo hacen. Estados Unidos endurece su postura y redefine unilateralmente la relación bilateral; los mercados reaccionan ante la incertidumbre institucional; y el crimen organizado expande su control territorial, financiero y político. El silencio del poder no crea estabilidad: crea oportunidades para actores que no rinden cuentas.
Este escenario se vuelve aún más peligroso ante el nuevo orden mundial que comienza a perfilarse con Donald Trump como figura central. Trump no opera en zonas grises ni respeta ambigüedades diplomáticas: presiona, impone y condiciona. Frente a ello, México llega debilitado a cualquier negociación del tratado de libre comercio, sin una posición clara en seguridad, migración, ni alineamientos estratégicos en combate al narcotráfico. Las amenazas explícitas de una posible “intervención” en México —antes impensables— no son producto de la retórica trumpista únicamente, sino de la percepción internacional de un Estado que ha renunciado a ejercer plenamente su soberanía en amplias regiones del territorio.
Aquí la responsabilidad de la Cancillería es ineludible. La política exterior de Morena ha sido errática, ideologizada y profundamente contradictoria. Se invoca el principio de no intervención para evitar cualquier señalamiento a dictaduras afines, pero se guarda silencio cuando actores externos cuestionan la viabilidad del Estado mexicano. Se defiende una soberanía retórica mientras se tolera la pérdida de control real. Esta no es una política exterior prudente: es una política exterior ausente.
El contraste con otros liderazgos internacionales es evidente. Mientras países como Canadá han asumido, en foros globales, una defensa clara del Estado de derecho, de la democracia liberal y de la responsabilidad gubernamental frente a los riesgos globales, México opta por la indefinición permanente. No se trata de ideología, sino de convicción institucional. Gobernar es fijar rumbo; no hacerlo es abdicar.
Frente a este poder que prefiere no definirse, la ciudadanía y la oposición tienen una obligación histórica. No basta con denunciar excesos; hay que exhibir omisiones. No basta con criticar malas decisiones; hay que señalar la negativa sistemática a decidir. Exigir claridad no es confrontación irresponsable: es defensa del orden democrático. Un gobierno que se esconde en el silencio debe ser obligado a hablar, a definir y a rendir cuentas.
El silencio como política de Estado no es signo de madurez, sino de deterioro. Un país no se gobierna desde la ambigüedad crónica ni desde el cálculo del menor costo político. Se gobierna con decisiones, con responsabilidad y con apertura a la pluralidad. Cuando no decidir se convierte en método, la democracia deja de ser un sistema de gobierno y se transforma en una simulación.
Y en política, las simulaciones siempre terminan pasando factura.