*La Reforma Electoral no busca perfeccionar la democracia; busca administrarla desde el poder.
Por Esteban Ángeles
En toda democracia, las reglas electorales no son un asunto técnico menor: constituyen el pacto básico que permite procesar el conflicto político sin violencia y con legitimidad. Por ello, cualquier iniciativa de reforma electoral debe analizarse no solo por su letra, sino por su contexto, sus motivaciones y, sobre todo, por sus efectos sistémicos. Hoy, la reforma electoral anunciada por el oficialismo se inscribe en un entorno que enciende todas las alertas.
Conviene decirlo sin rodeos: la Reforma Electoral no busca perfeccionar la democracia; busca administrarla desde el poder. Su objetivo central no es mejorar procedimientos ni corregir deficiencias, sino definir quién controla la competencia política y bajo qué reglas se ejerce el poder en México. No estamos ante una discusión administrativa ni presupuestal, sino ante una decisión estructural.
El contexto en el que surge esta iniciativa no es casual. Llega después del debilitamiento sistemático de los órganos constitucionales autónomos, del desmantelamiento de los mecanismos de transparencia, de la presión creciente sobre el Poder Judicial y de una concentración inédita de poder en el Ejecutivo. En este escenario, cualquier intento por modificar las reglas electorales no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia coherente de captura institucional.
Las reformas electorales nunca son inocuas. Mucho menos cuando quien las impulsa es una fuerza política que concentra la Presidencia de la República, mayorías legislativas y amplios controles territoriales. Presentar esta reforma como un ajuste técnico o un ejercicio de austeridad constituye una forma de desinformación deliberada. En realidad, se trata de redefinir los límites del poder y la calidad misma de la democracia.
Morena y sus aliados no proponen cambios desde la neutralidad institucional, sino desde el interés del poder. Reducir las capacidades del INE, debilitar su autonomía, reconfigurar sus funciones, limitar su capacidad técnica y operativa; disminuir el financiamiento público a los partidos y recortar la representación proporcional, no responde a un diagnóstico imparcial.
Responde a una lógica clara: impedir garantizar elecciones libres, equitativas y confiables, e inclinar el tablero electoral para facilitar la permanencia en el poder. Por ello, esta reforma no debe evaluarse como un conjunto de ajustes administrativos, sino como un movimiento político de fondo.
Debilitar al árbitro electoral tiene consecuencias que trascienden el proceso comicial. Erosiona la confianza ciudadana, profundiza la polarización y convierte la competencia política en un terreno desigual. Cuando la autoridad electoral pierde autonomía o capacidad, el mensaje implícito es inequívoco: el poder ya no acepta límites; solo administra procedimientos.
Este debate no es abstracto ni ajeno a la vida cotidiana. Las reglas electorales inciden directamente en el acceso a derechos, en la calidad de los servicios públicos, en la seguridad, en la economía familiar y en las oportunidades de las personas. Cuando se debilitan los contrapesos, se debilita también la capacidad ciudadana para exigir cuentas, corregir rumbos y sancionar abusos mediante el voto.
Por ello, los partidos de oposición enfrentan una responsabilidad ineludible: dejar de tratar la reforma electoral como un episodio más de la disputa parlamentaria y asumirla como una causa democrática mayor. No basta con resistir en el Congreso; es indispensable informar, explicar y convocar. Defender al árbitro electoral no es defender a una institución, sino defender el derecho de la ciudadanía a decidir en condiciones de equidad.
La convocatoria es también para la ciudadanía organizada, las universidades, los colegios profesionales, el sector empresarial, los sindicatos, las organizaciones civiles y los liderazgos locales. Pensar que la reforma electoral es un asunto de especialistas es un error que suele pagarse caro. Sus efectos, de aprobarse en los términos que hoy se perfilan, impactarán directamente la vida colectiva, aunque hoy no todos lo perciban con claridad- Las democracias
no se pierden de un día para otro: se erosionan cuando la sociedad baja la guardia y deja solos a los contrapesos ¿la sociedad estará dispuesta a asumir el costo de no defenderla a tiempo?
Informarse, deliberar y participar no es un acto de militancia partidista; es un ejercicio de responsabilidad cívica. Limitar democráticamente al oficialismo no significa bloquear al
gobierno, sino impedir que la concentración de poder se normalice y se vuelva irreversible. Los riesgos están sobre la mesa. Ignorarlos no los elimina; solo los posterga. Y cuando se trata de reglas electorales, los errores no se corrigen fácilmente: suelen cobrarse durante años.
El oficialismo no busca mejorar la democracia: busca garantizar su permanencia en el poder. No se trata de gobernar mejor, sino de gobernar sin riesgo de alternancia; de sentar las bases de un sistema donde el poder se perpetúa mediante reglas diseñadas para no perder. El costo no será inmediato, pero será profundo, duradero y, como siempre, lo pagará la sociedad entera. *NI*