Soberanía como coartada: la ambigüedad calculada frente a Venezuela.
Por Esteban Ángeles |
La reacción del oficialismo mexicano ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela revela algo más grave que una simple postura diplomática: exhibe una confusión deliberada
—y políticamente funcional— en el uso de conceptos como soberanía, no intervención y derecho internacional. El gobierno ha optado por condenar la acción estadounidense mientras elude, de manera sistemática, el núcleo del problema: la naturaleza dictatorial del régimen de Nicolás Maduro y la tragedia humanitaria que ha producido.
El argumento es recurrente y cómodo. Se invoca la soberanía como si fuera un valor absoluto, desconectado de cualquier obligación del Estado hacia su población. Bajo esa lógica, toda acción externa es reprobable por definición, sin importar si el gobierno “soberano” persigue opositores, anula elecciones, controla jueces, reprime protestas o empuja a millones de personas al exilio. Esta lectura no solo es jurídicamente pobre; es moralmente insostenible.
Como bien advierte Felipe Hasson, el derecho internacional no fue concebido para blindar regímenes, sino para proteger personas. La soberanía es un instrumento condicionado: pierde legitimidad cuando el poder se ejerce contra la sociedad y no en su beneficio. Defender a un régimen que ha cancelado toda vía interna de corrección democrática no es neutralidad; es complicidad retórica.
En este punto, la posición del oficialismo deja de ser ingenua y se vuelve reveladora. El gobierno mexicano condena la intervención, pero evita condenar con la misma claridad a la dictadura. Habla de autodeterminación de los pueblos, pero guarda silencio sobre la supresión de la voluntad popular. Denuncia el “intervencionismo”, pero ignora la intervención permanente del Estado venezolano contra su propia población. Esta asimetría no es un error conceptual: es una estrategia discursiva.
El problema es que esa estrategia tiene consecuencias. Al relativizar el carácter criminal del régimen de Maduro, el gobierno mexicano normaliza un modelo de poder que no reconoce límites institucionales, que desprecia la alternancia y que concibe la legalidad como un obstáculo y no como una garantía. Y las similitudes no son meramente retóricas: el debilitamiento de organismos autónomos, la captura del Poder Judicial, la descalificación sistemática de la oposición y la concentración del poder político son rasgos compartidos, aunque aún en escalas distintas.
Por eso resulta especialmente preocupante que desde Palacio Nacional se presente el debate como una disyuntiva falsa entre soberanía y barbarie externa. El verdadero dilema es otro: o se defiende un orden internacional basado en la dignidad humana, la democracia y la responsabilidad de los gobiernos frente a sus ciudadanos, o se acepta que cualquier poder puede hacer cualquier cosa dentro de sus fronteras mientras pronuncie la palabra “soberanía”.
Cuando se condena la intervención estadounidense sin condenar con la misma firmeza al régimen venezolano, no se está defendiendo el derecho internacional: se le está vaciando de contenido. Se convierten principios jurídicos en consignas ideológicas, útiles para justificar afinidades políticas y para encubrir una incomodidad mayor: reconocer a Maduro como dictador obligaría a mirarse en un espejo que el poder prefiere evitar.
El derecho internacional no exige neutralidad frente al abuso. Exige responsabilidad frente al sufrimiento. Y cuando la soberanía se utiliza como coartada para justificar el hambre, la represión y el exilio, deja de ser un principio jurídico y se convierte en un argumento cínico al servicio del poder.
México haría bien en abandonar esa ambigüedad calculada. Porque la soberanía que hoy se invoca para excusar una dictadura es la misma que ya se usa para blindar la concentración del poder, la erosión de derechos, el sometimiento de instituciones y la cancelación de contrapesos y alternancia. Venezuela no es una advertencia externa, ni una causa lejana: es el futuro que se ensaya cuando el poder deja de tener límites; es el espejo que el poder prefiere no mirar. *NI*