*Cuidado: sin amparo, la vida está bajo el poder absoluto.
Por Esteban Ángeles
Cuando un régimen elimina los contrapesos, no solo cambia el diseño institucional del país: transforma la vida cotidiana de sus ciudadanos.
La reciente modificación a la Ley de Amparo, sumada a la reforma judicial de López Obrador y consolidada por la presidenta Sheinbaum, no es un ajuste técnico ni una actualización jurídica. Es la clausura del último espacio que permitía al ciudadano común defenderse frente al poder.
El propósito real de la reforma cómo lo describe Agustín Basave es —impedir que alguien le gane un juicio a la 4T— circunstancia que tiene consecuencias inmediatas y profundamente humanas. Significa que a partir de ahora, si un ciudadano es víctima de una arbitrariedad del SAT, si una empresa pequeña enfrenta una expropiación disfrazada de “regularización”, si un juez local es presionado para dictar sentencia conforme a la línea partidista, ya no habrá tribunal que lo ampare. El Estado deja de ser un árbitro y se convierte en juez y parte.
En la práctica, estamos ante un nuevo tipo de control político: no por la fuerza, sino por la indefensión. El ciudadano obediente será tolerado; el ciudadano crítico será ignorado o castigado. La ley, antes escudo, se convierte en instrumento de sometimiento. No se trata solo de una ideologización del Poder Judicial —que ya de por sí es grave— sino de la instauración de un sistema de miedo legal: una estructura donde la única certeza es que el poder siempre tiene la razón. En el día a día, las implicaciones son devastadoras.
Un empresario que impugne un cobro injusto de impuestos sabrá que no tiene tribunal neutral que lo escuche. Una comunidad que defienda su territorio frente a un megaproyecto sabrá que ningún juez detendrá la maquinaria. Un periodista o académico demandado por “difamar” a un funcionario se enfrentará a magistrados elegidos por la misma facción que busca silenciarlo. En esa atmósfera, la autocensura y el sometimiento florecen más rápido que cualquier decreto.
Pero esta situación no es irreversible. Lo que la reforma busca consolidar —la supremacía del poder sobre el derecho— puede ser resistido con organización, inteligencia y constancia.
Los partidos de oposición y la sociedad deben entender que la defensa del Estado de Derecho no es una consigna partidista, sino una causa nacional. Necesitan formar un frente legislativo, jurídico y ciudadano para impugnar cada norma inconstitucional, documentar cada abuso y acudir a instancias internacionales si el camino interno se cierra.
Los colegios de abogados, universidades y organizaciones de la sociedad civil deben unirse para ofrecer defensa y acompañamiento legal a ciudadanos afectados por esta nueva vulnerabilidad. No se trata solo de ganar casos, sino de visibilizar públicamente los abusos, de construir conciencia colectiva de que el derecho sigue existiendo, aunque lo intenten sepultar.
Y los ciudadanos debemos asumir que la defensa de la libertad no se delega: se ejerce. Resistir no siempre implica marchar; a veces implica documentar, denunciar, solidarizarse con quien sufre un atropello. Cada historia de abuso que quede impune fortalece al autoritarismo. Cada acto de resistencia, por pequeño que parezca, siembra la posibilidad de revertirlo.
El populismo judicial no se derrota con discursos, sino con ciudadanía activa. Si el poder ya no teme a los tribunales, debe volver a temer al pueblo. Porque cuando la ley deja de proteger al ciudadano, solo el ciudadano puede proteger la ley. *NI*