Perspectiva

*Militarismo en México: el Estado que entregó sus llaves a las Fuerzas Armadas
Por Esteban Ángeles
El término militarismo no alude únicamente a la presencia del Ejército en tareas de seguridad; describe, con precisión conceptual, la expansión progresiva, estructural y normalizada del poder militar dentro de las funciones civiles del Estado. Es un fenómeno político, no operativo; institucional, no circunstancial. Significa que la lógica castrense —jerárquica, opaca, disciplinaria y no deliberativa— se impone sobre funciones que deberían corresponder a autoridades civiles, sujetas a contrapesos democráticos, escrutinio público y responsabilidades administrativas.
En México, el militarismo contemporáneo tiene un punto de arranque identificable: la administración de Felipe Calderón, que decidió “sacar al Ejército a las calles” bajo la narrativa de una “guerra contra el narcotráfico” que jamás estuvo acompañada de una estrategia integral ni de un marco institucional coherente. La urgencia se convirtió en costumbre, y la costumbre en política de Estado. Para sostenerla, se aprobaron reformas constitucionales y legales destinadas a dar un barniz jurídico a lo que, en su origen, fue una decisión improvisada y profundamente riesgosa: colocar a las Fuerzas Armadas como columnas de la seguridad pública.
Ese fue el punto de partida, pero no el punto de quiebre. El quiebre ocurrió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con el discurso de la confianza absoluta en las Fuerzas Armadas y la descalificación sistemática de las instituciones civiles, el actual régimen entregó a los militares funciones que van mucho más allá de la seguridad: administración de puertos y aduanas, control de aeropuertos, construcción y operación de megaproyectos, manejo de fideicomisos, protección de infraestructura estratégica, programas sociales, distribución de medicinas e incluso actividades de desarrollo urbano. Nunca antes en la historia contemporánea de México se había entregado tanto poder económico, territorial, administrativo y político a las Fuerzas Armadas.
El resultado es una militarización del Estado, no solo de la seguridad. La distinción es fundamental: Seguridad militarizada: soldados en la calle.Estado militarizado: soldados en las decisiones, los presupuestos, las obras, la administración, los territorios y la política.
Hoy, el Ejército y la Marina manejan presupuestos multimillonarios sin rendición de cuentas, operan empresas públicas sin los controles aplicables a otras entidades, y actúan bajo un régimen de opacidad que se profundizó con la desaparición del INAI y el debilitamiento de los contrapesos institucionales.
El problema ya no es solo la acumulación de poder, sino la corrupción y la penetración criminal que acompañan la expansión sin supervisión. Las investigaciones periodísticas y los testimonios internos revelan que sectores de las Fuerzas Armadas están involucrados en delitos como huachicol fiscal, tráfico de armas, tráfico de personas, contrabando y protección de grupos criminales. No se trata de casos aislados: son síntomas de un modelo que combina poder absoluto con ausencia absoluta de controles.
El militarismo en México se ha convertido en un poder autónomo, con intereses propios, con empresas propias, con territorio propio, con infraestructura propia y con una influencia política inédita. Y un poder autónomo dentro del Estado es, por definición, una amenaza para la República.
La pregunta no es si necesitamos a las Fuerzas Armadas. La pregunta es si podemos permitir que sigan creciendo sin límites mientras los poderes civiles se encogen. La respuesta, desde una perspectiva democrática, es contundente: no.
El militarismo no se desmonta con discursos: se desmonta con leyes, instituciones y voluntad política.
Y si México quiere volver a ser una República y no un país administrado por generales, debe comenzar por reconocer que lo que hoy tenemos ya no es una excepción temporal, sino una desviación estructural que amenaza la democracia misma.
A esa expansión se suma un fenómeno aún más grave: la infiltración del crimen dentro de sectores de las propias Fuerzas Armadas. Hoy existen indicios sólidos de participación militar en delitos como huachicol fiscal, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando, delitos que se alimentan de la opacidad creciente y la ausencia de contrapesos.
Aquí es donde México debe mirar con atención un espejo que aterra: Venezuela.
En ese país, el régimen entregó gradualmente a los militares el control de puertos, aduanas, empresas estatales y recursos estratégicos. A partir de ese proceso surgió el Cartel de los Soles, una estructura criminal atribuida a altos mandos militares —y según múltiples investigaciones internacionales, vinculada incluso al propio presidente Nicolás Maduro— que controla el narcotráfico, el contrabando de oro y la circulación de armas. Venezuela demuestra que cuando se mezcla poder militar, impunidad, manejo económico y lealtades políticas, el resultado es una estructura paralela que captura al Estado desde dentro.
México está caminando peligrosamente por esa misma pendiente. No estamos frente a simples excesos administrativos; estamos ante la creación de un poder autónomo militar, con empresas propias, territorios propios, presupuestos opacos y una influencia política creciente. Cuando un poder dentro del Estado deja de responder ante el Estado, lo que emerge es una forma incipiente de cogobierno militar.
La historia latinoamericana es clara: cuando los civiles dejan de gobernar y los militares comienzan a administrar, el Estado pierde su carácter republicano. Las consecuencias son siempre las mismas: opacidad, corrupción estructural, captura territorial y erosión de las instituciones.
El militarismo no se combate con discursos: se combate con leyes, instituciones fuertes y una ciudadanía vigilante. México todavía está a tiempo.
Pero la historia de Venezuela demuestra que, si no se detiene a tiempo, un militarismo sin contrapesos puede convertirse en un poder paralelo que capture al Estado y lo devore desde dentro. NI