*Responsabilidad y corresponsabilidad social ante la inseguridad
Por Esteban Ángeles
La seguridad pública es, ante todo, un asunto de responsabilidad compartida. Sin embargo, el discurso y las políticas del actual oficialismo han reducido este tema a un monopolio gubernamental que excluye la participación social, debilitando el entramado comunitario que es indispensable para combatir el crimen.
La seguridad no puede construirse desde el escritorio ni sostenerse únicamente en la fuerza del Estado: requiere corresponsabilidad ciudadana, la participación activa de las familias, las escuelas, las iglesias, las empresas y las organizaciones civiles.
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado cobardemente, dijo con la claridad que pocos se atreven a tener: “Mételes una chinga, enderecen a sus hijos y a sus nietos y denúncienlos si saben que son homicidas”. No fue una frase vulgar, fue una advertencia moral y una llamada a la conciencia social.
En un país donde la impunidad y el miedo se han vuelto costumbre, su exhorto fue un acto de valentía cívica: responsabilizar a los padres, a las familias y a las comunidades por la educación y el rumbo de sus hijos. Manzo entendió que sin autoridad moral en casa, ninguna autoridad pública puede garantizar la paz.
En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Sin embargo, su planteamiento padece el mismo defecto que ha caracterizado a las políticas de seguridad del oficialismo: confundir la causa con el efecto.
No se puede hablar de paz mientras los criminales controlan regiones enteras del país, mientras el narcotráfico sigue infiltrando instituciones y mientras los responsables de la violencia gozan de impunidad.
Lo primero es enfrentar a los criminales del narcotráfico. Saben quiénes son, dónde están, conocen sus redes, sus finanzas y sus protectores. La prioridad debe ser limpiar la colusión entre narcos y gobierno, encarcelar a los responsables, romper los pactos de silencio y restablecer el Estado de Derecho. Solo después podrán implementarse acciones sociales, educativas y culturales que acompañen la reconstrucción del tejido social.
Reconocer la importancia que el gobierno de Estados Unidos ha propuesto un plan de cooperación directa con México para combatir a las organizaciones del narcotráfico, a las que ha catalogado ya como grupos terroristas. Washington ha dejado claro que tiene la firme intención de desmantelar sus redes financieras, logísticas y políticas, incluso si ello implica exponer complicidades dentro del aparato estatal mexicano. Esta postura internacional debería ser una llamada de alerta: el crimen organizado no respeta fronteras, y si México no actúa con decisión, Estados Unidos lo hará por nosotros.
Es indispensable que el gobierno mexicano asuma un compromiso claro y firme: el crimen de Carlos Manzo no puede quedar impune, como ocurrió con los casos del Huachicol Fiscal, el Huachi Diésel, La Barredora, los sobrinos del exsecretario de Marina, o las redes de protección a gobernadores y altos funcionarios. Cada caso no resuelto erosiona la confianza ciudadana y fortalece la percepción de un Estado débil, complaciente o cómplice.
La oposición, si quiere ser opción real de gobierno, debe recoger este legado y convertirlo en una plataforma de acción. No basta con denunciar el fracaso del gobierno; es urgente proponer una nueva arquitectura de corresponsabilidad social. Esto implica integrar a la ciudadanía en programas de prevención, recuperar los espacios públicos, reactivar los consejos de seguridad vecinal, vincular la educación con el empleo y fortalecer las oportunidades de desarrollo con base en el mérito y la capacitación real.
La seguridad no se logrará con discursos ni con programas asistenciales que compran voluntades y perpetuan la dependencia. Jóvenes Construyendo el Futuro es el ejemplo más claro: un programa convertido en símbolo del fracaso de las políticas públicas diseñadas más para ganar aplausos que para transformar realidades. Sin seguimiento, sin capacitación efectiva y sin horizonte laboral, muchos jóvenes terminan en las filas del crimen organizado como “sicarios kamikazes”, atraídos por una economía ilegal que paga más, exige menos y se disfraza de oportunidad. Grave no solo por el error de diseño, sino por la negación del desastre: ni el gobierno reconoce el fracaso, ni la oposición ha asumido la crítica como bandera para construir una alternativa viable.
La paz no se decreta: se construye con educación, trabajo, disciplina y comunidad. La tragedia de Carlos Manzo no puede quedar como una anécdota de sangre; debe ser un punto de inflexión para que sociedad y gobierno comprendan que la seguridad no se delega, se comparte. Solo así, México podrá enderezar el rumbo y recuperar el derecho más elemental de todos: vivir sin miedo.