*Presión externa, oportunidad interna
Por Esteban Ángeles
La presión de los actores políticos de Estados Unidos ha sido determinante para que en México se muevan las piezas: decomisos de droga, aprehensiones de capos y rastreo de operaciones financieras ilícitas. Washington no ha dejado de recordarle al gobierno mexicano que la seguridad bilateral es prioridad estratégica.
Pero en el fondo, esa presión externa desnuda la incapacidad y la falta de voluntad política del oficialismo. Morena reacciona sólo cuando la exigencia viene de fuera; hacia adentro, podría estar cavando su propia tumba manteniendo el pacto de complicidad, silencio e impunidad.
Ese vacío de autoridad representa una oportunidad histórica para la oposición. EI PRI puede retomar la iniciativa con un mensaje claro: México debe recuperar la soberanía de su Estado
Democrático de Derecho. Ni el crimen organizado ni la presión extranjera deben dictar el rumbo de nuestras instituciones. Con reformas profundas y un compromiso real contra la corrupción fiscal y electoral, es posible reconstruir el principio más básico de la República: un país que se gobierna a sí mismo con legalidad y con instituciones sólidas.
En medio de la tormenta política por el escándalo del huachicol fiscal, hay un elemento que cambia el sentido de los acontecimientos: la existencia de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR). Ese expediente, que documenta un mecanismo de corrupción de dimensiones colosales, otorga a este caso una fuerza legal ineludible. Su contenido debe hacerse valer ante las instancias nacionales e internacionales, aprovechando el interés estadounidense expresado en la agenda del senador Marco Rubio, donde se incluyen el huachicol fiscal, el narcotráfico y el fentanilo como temas de seguridad nacional para Estados Unidos.
Este hecho cambia las reglas del juego. Ya no hablamos de filtraciones periodísticas ni de denuncias políticas: hablamos de documentos oficiales con valor probatorio, que describen cómo operaba un sistema paralelo de financiamiento ilícito, con ramificaciones electorales y vínculos directos con la delincuencia organizada.
La carpeta de investigación otorga sustento jurídico a las denuncias y abre la puerta para que la oposición, particularmente el PRI, exija su judicialización en todas las instancias disponibles:
desde los tribunales nacionales hasta los organismos internacionales que combaten la corrupción, el lavado de dinero y la criminalidad transnacional.
No actuar sería consolidar la impunidad como norma de gobierno.
El tema ya rebasó las fronteras. En la agenda de Washington, los puntos vinculados al huachicol fiscal, el narcotráfico y el tráfico de fentanilo ya son asuntos de seguridad nacional.
Esto convierte el escándalo en un caso binacional de primer orden. México no puede minimizar lo que su vecino del norte percibe como una amenaza directa a su seguridad.
Aquí se abre una oportunidad estratégica: si el PRI sabe colocarse como la fuerza política que exige la aplicación de la ley, podrá construir credibilidad ante la ciudadanía mexicana —harta de corrupción — y respeto ante la comunidad internacional que observa con lupa.
La batalla contra la corrupción y el crimen organizado requiere instituciones valientes, pero también partidos responsables y firmes como contrapeso real. El expediente existe, los hechos están documentados y la presión internacional es un hecho.
La pregunta es inevitable: ¿permitirá México que este caso se archive en la impunidad, o aprovechará la coyuntura para recuperar la dignidad de sus instituciones y la confianza de su pueblo?