*Política у Delincuencia Organizada
Por Esteban Ángeles
La frontera entre la política y la delincuencia organizada se ha borrado peligrosamente en México. Los recientes escándalos del huachicol fiscal y de la llamada barredora, que hoy sacuden al oficialismo, no son episodios aislados: son la expresión descarnada de un sistema de poder que ha convertido la corrupción en método de gobierno y la impunidad en su escudo más eficaz.
La filtración de expedientes de la Fiscalía General de la República, que involucran a personajes de alto nivel como Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Marina y una larga lista de operadores políticos y empresariales, ha revelado un entramado de complicidades que va mucho más allá del delito común. Aquí surge una pregunta ineludible: ¿estamos ante la consolidación de una red criminal que opera con la cobertura del poder político?, o peor aún, ¿será que el propio poder político se ha transformado en crimen organizado?
La gravedad del momento se multiplica con la serie de asesinatos de varios de los señalados en estos documentos. La eliminación de testigos e implicados confirma que no se trata únicamente de corrupción administrativa, sino de un pacto de silencio impuesto por la violencia.
En este terreno, la política ya no busca persuadir ni gobernar: busca sobrevivir y controlar. Aún más delicado resulta el señalamiento contra los hijos del expresidente López Obrador, presuntamente partícipes en estas operaciones ilícitas. El hecho de que hayan promovido un amparo múltiple para evitar su aprehensión confirma que el poder político se utilizó como protección familiar y patrimonial. Esto rompe de manera definitiva con el discurso moralizante de la “honestidad valiente” que durante años se usó como bandera electoral.
En medio de este panorama, no puede soslayarse la incidencia de los actores políticos estadounidenses. Las presiones diplomáticas y legislativas desde Washington han tenido un efecto directo en la agenda mexicana: los decomisos de drogas, las aprehensiones de narcotraficantes y la persecución de redes financieras no han sido producto de la voluntad interna, sino de exigencias externas. Cuando el vecino del norte coloca el tema de la seguridad y el crimen organizado en el centro de la relación bilateral, el gobierno mexicano reacciona; pero hacia adentro, la corrupción y la complicidad política continúan bloqueando un combate real y sostenido.
De ahí la urgencia de un principio rector: no puede haber impunidad. Si el Estado de Derecho se somete a la conveniencia partidista, si la Fiscalía se convierte en instrumento de encubrimiento y si la justicia cede frente al chantaje del poder, el país se hundirá aún más en la espiral de criminalidad y descrédito. México no resiste más simulaciones: se requiere una acción institucional contundente, transparente e independiente.
Hoy más que nunca, México necesita instituciones firmes, partidos que asuman su responsabilidad y una ciudadanía que no se resigne. Separar la política de la delincuencia organizada es condición mínima para recuperar la República. Lo contrario será aceptar —sin más— que el crimen gobierna disfrazado de poder legítimo.