*El Club de Golf y el Ejido de Santa María Ilucán no lograron conciliar y el asunto está en el Tribunal Agrario.
El conflicto por el acceso al fraccionamiento Amanali, Club de Golf y Náutica en Tepeji del Río, continúa sin solución y ya no está en la etapa de conciliación porque ambas partes no ceden. Ejidatarios de Santa María Ilucán, municipio de Tula de Allende, mantienen el bloqueo con piedras y tierra sobre el camino de entrada al desarrollo habitacional, con lo que reiteran su negativa a permitir el uso de este tramo interparcelario que, aseguran, pertenece a su ejido.
Cabe recordar que el núcleo ejidal, representado por Rosa Isabel Cruz en su calidad de presidenta del comisariado, exige una indemnización millonaria por el uso durante 25 años del tramo de mil 43 metros lineales, así como el reconocimiento de su derecho sobre el camino y además un pago mensual. Por esta razón cerró el paso desde marzo del presente año.
El 21 de mayo la comisión de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Tepeji presentó un dictamen en sesión de cabildo que ordena la liberación inmediata del acceso, el conflicto ha escalado y actualmente se encuentra en el Tribunal Agrario, luego de que ninguna de las partes ha cedido a las exigencias de la otra en la etapa de conciliación.
El dictamen, aprobado por el cabildo tepejano, argumenta que el cierre del camino afecta derechos adquiridos y vulnera la voluntad manifestada por órganos de representación legal. Añade que la alcaldía tiene competencia en el asunto, ya que el camino se encuentra dentro del territorio municipal, y recuerda que existe un convenio firmado en 2006 entre el ejido San Miguel y la promotora inmobiliaria, en el cual se autorizó el uso de caminos como servidumbre de paso.
Las autoridades municipales sostienen que el camino bloqueado es una vía de uso común, utilizada históricamente para el tránsito de personas, vehículos y servicios. Su libre tránsito, sostienen, es de interés público, prioritario para la movilidad urbana, la seguridad vial y la convivencia social. Aunado a que el Registro Agrario Nacional también reconoció que el camino forma parte de la infraestructura de servicios, lo que refuerza su carácter de bien público.
No obstante, pese al dictamen municipal, el camino permanece cerrado. Ante esta situación, el fraccionamiento Amanali ha optado por acondicionar un camino alterno para acceder a sus instalaciones, prefiriendo invertir en esta obra antes que pagar la indemnización reclamada por los ejidatarios. Esto, mientras el conflicto se dirime en el Tribunal Agrario. (MGP)