*En la región Tula-Tepeji.
*Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reconoció que persiste el problema de empresas que carecen del equipamiento e infraestructura necesarios para controlar sus emisiones y cumplir con la ley.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
Durante la inauguración del primer Centro Regional para la Prevención y Calidad Ambiental, dentro de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji (UTTT), la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Mariana Boy Tamborrell, informó ante medios de comunicación sobre las acciones que se emprenden para fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental entre las empresas asentadas en la región.
Boy Tamborrell explicó que, aunque existen industrias que tratan de manera adecuada sus aguas y residuos, persiste el problema de aquellas que carecen del equipamiento e infraestructura necesarios para controlar sus emisiones y cumplir con la ley.
Detalló que el programa incluye el uso de una herramienta que permite a las empresas realizar una autoevaluación para identificar incumplimientos normativos, elaborar un plan de acción y priorizar esfuerzos con el fin de evitar daños ambientales y sanciones de la PROFEPA.
En la zona se tienen identificadas más de 100 empresas con alto potencial de generar impactos ambientales, precisó la funcionaria, quien indicó que el nuevo centro regional se enfocará en capacitar y evaluar a estas compañías. “Ya capacitamos a 24 empresas en una primera fase y la capacitación continuará; iremos sumando más por etapas para evaluar sus avances en materia de cumplimiento normativo”, dijo.
Aclaró que la apertura del centro no exime a las empresas de las inspecciones de la PROFEPA, las cuales seguirán realizándose de manera paralela a las acciones preventivas. “Donde encontremos una empresa que no cumpla con la normatividad ambiental, vamos a sancionar”, subrayó.
Sobre la respuesta del sector industrial, la funcionaria señaló que en la primera convocatoria participaron 24 empresas interesadas en recibir capacitación, y que próximamente se convocará a las demás.
En cuanto a las inspecciones, explicó que la PROFEPA actúa tanto por denuncias ciudadanas como de oficio. “Cuando identificamos un problema grave o alguna empresa que genera un impacto al ambiente, iniciamos una investigación”, puntualizó.
Procedimientos abiertos por irregularidades
La representante reconoció que en la zona se han recibido denuncias a lo largo de los años, y que actualmente existen procedimientos abiertos por irregularidades detectadas. Y se refirió a la reunión que se llevaría a cabo ese mismo día, jueves 9 de octubre en Atitalaquia, con habitantes y organizaciones civiles para atender sus preocupaciones ambientales más urgentes.
Respecto al proceso de sanción, precisó que una vez que se detectan irregularidades, se realiza una visita de inspección, se revisa la documentación y los estudios de laboratorio de las empresas, y se constata el funcionamiento de sus plantas de tratamiento. “Cuando hay afectación o riesgo inminente para el ambiente, clausuramos”, afirmó.
Las sanciones incluyen medidas económicas y la obligación de reparar el daño ambiental. “Estamos ordenando la reparación del daño; las sanciones no restituyen las condiciones ambientales ni los derechos de las personas afectadas, por eso obligamos a remediar los suelos contaminados y subsanar las irregularidades”, enfatizó.
La funcionaria concluyó destacando que la estrategia de vigilancia y capacitación busca equilibrar la prevención con la aplicación de la ley, en una de las zonas industriales más importantes del país y también una de las más afectadas ambientalmente. NI