*A cuatro años después, la justicia sigue pendiente, dicen algunos de los que vivieron la tragedia de primera mano.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
A cuatro años de la inundación que devastó Tula y otros municipios de Hidalgo, los damnificados mantienen viva la exigencia de justicia. Entre ellos se encuentra María Teresa Durán Sánchez, quien perdió a su esposo en el Hospital del IMSS, ubicado en la calzada Melchor Ocampo, una de las 17 víctimas registradas en aquel siniestro, y que hoy alza la voz para recordar que, hasta la fecha, no han recibido un apoyo integral ni respuesta de los tres órdenes de gobierno.
Durante un encuentro realizado en un restaurante del centro de la ciudad de Tula, considerado en aquel entonces como “zona cero” por el nivel de afectación, vecinos y representantes de colectivos como Todos Somos Tula y la Gran Asamblea de Damnificados relataron la magnitud de las pérdidas y el abandono oficial.
“Mis hijas se sienten culpables porque confiaron en que su papá estaba mejor y lo dejaron en el hospital; después les avisaron que era uno de los fallecidos. Eso nos ha dejado una afectación psicológica muy fuerte”, relató doña Tere, viuda de una de las víctimas. Añadió que, más allá del apoyo recibido por el Seguro Social, ni el gobierno municipal, ni el estatal, ni el federal ofrecieron ayuda.
Las cifras varían entre 30 mil y 70 mil damnificados, con pérdidas estimadas en más de 100 mil millones de pesos y un total de nueve municipios afectados. Sin embargo, los afectados coinciden en que ninguno de los daños físicos, patrimoniales ni emocionales ha sido reparado.
Héctor Estrada y Berenice Pecina, representantes de la Gran Asamblea de Damnificados, señalaron que desde el 3 de septiembre de 2021 el entonces gobierno municipal, encabezado por Manuel Hernández Badillo, tenía conocimiento del riesgo de inundación, pero no alertó a la población. “Mucha gente habló a Protección Civil, pero les dijeron que no había problema; cuando despertaron ya estaban con el agua hasta el cuello”, recordaron.
Los testimonios dan cuenta de la indolencia gubernamental: apoyos federales que nunca llegaron a las manos de la gente, la falta de atención psicológica, promesas incumplidas y hasta la negativa a aplicar vacunas contra el tétanos a toda la población expuesta. “Nos dieron 10 mil pesos y tres electrodomésticos; eso no compensa lo que perdimos”, señalaron vecinos.
Los damnificados también han enfrentado problemas de salud derivados de la contaminación del río Tula, como insuficiencia renal y alergias, producto de descargas clandestinas de aguas industriales. Pese a ello, afirman, las autoridades han sido omisas.
“Cada que llueve no dormimos. El río llega con bastante agua y ningún nivel de gobierno nos hace caso. Hemos tocado puertas en el Congreso, entregado expedientes a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Julio Menchaca, pero no nos han dado solución”, expuso una de las integrantes del colectivo.
La exigencia principal es clara: que el gobierno federal, estatal y municipal asuman su responsabilidad y den respuestas concretas. “El problema del río Tula no se va a resolver mesiánicamente con las promesas de un gobernador o de un presidente; necesita de vigilancia ciudadana, de una comunidad organizada que no permita que Tula sea zona de sacrificio”, expresó Héctor Estrada.
A cuatro años de la tragedia, el sentimiento común es el cansancio y la indignación. “El gobierno apuesta a que los damnificados se cansen, pero aquí seguimos. No podemos normalizar que cada año vivamos con miedo a otra inundación”, señalaron los asistentes, quienes coincidieron en que el olvido oficial no borrará la memoria de los muertos, las pérdidas materiales y las secuelas que aún arrastran miles de familias.
Otras voces que se escucharon en el conversatorio son las de María Esther Melgarejo Cervantes y Teresa Pérez Melgarejo, madre e hija vecinas de la calle Leandro Valle, cuya casa se vio sumamente afectada por colindar con el río Tula y quienes también son rostro de la lucha por la justicia ante la tragedia que vivieron desde septiembre de 2021 y Gustavo Adolfo Ramírez, propietario de un restaurante ubicado en el centro de Tula, llamada zona cero de la inundación.
Gustavo Adolfo dijo que continuarán en la lucha hasta que los damnificados puedan dormir tranquilos sin el temor de una nueva inundación. Porque como se dijo en el conversatorio realizado el 6 de septiembre, los daños no solo fueron económicos y en la propiedad, sino también emocional y nadie se ha ocupado en atenderlos en ese sentido, además de las consecuencias de salud luego de cuatro años de ir y venir en busca de respuestas de las autoridades. *NI*