*Hidalgo: mujeres entre la violencia y el silencio.
Por Magda Olguín
En el estado de Hidalgo se vive una realidad dolorosa y persistente: la violencia extrema contra las mujeres no ha desaparecido, y a pesar de los avances legislativos y judiciales, continúa cobrando vidas y dejando traumas profundos en familias, comunidades y en la sociedad entera. El fenómeno de los feminicidios —que no es un accidente ni un problema aislado— representa una falla sistemática en el reconocimiento de la dignidad humana, especialmente de las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género.
Las cifras oficiales, aunque útiles como punto de partida, no siempre reflejan la magnitud real de este flagelo. En 2025, Hidalgo reportó alrededor de 15 casos de feminicidio según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicándose en el lugar 19 a nivel nacional por este delito. Además, cuando se analiza el conjunto de homicidios violentos de mujeres y feminicidios, los números señalan que decenas de mujeres perdieron la vida de forma violenta en nuestra entidad.
Sin embargo, estas cifras oficiales solo muestran una parte del problema. Hay un subregistro importante de casos que no se clasifican como feminicidio por fallas en la investigación o por falta de aplicación rigurosa de protocolos, lo cual limita el acceso a la justicia y perpetúa la impunidad. Organizaciones feministas han señalado en otras entidades del país cómo muchos asesinatos violentos de mujeres no se etiquetan como feminicidios, reduciendo así la visibilidad real de la violencia de género. Si esta situación ocurre en otros estados, es plausible pensar que también afecta a Hidalgo, complicando la comprensión integral del problema.
Más allá de las cifras, el contexto social es alarmante. El incremento de llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar refleja que la agresión no solo sucede en los espacios públicos, sino en los hogares, muchas veces ocultos tras puertas cerradas donde las mujeres enfrentan violencia física, psicológica o sexual. En Hidalgo, se registraron miles de llamadas al 911 por violencia familiar solo en 2025, un promedio de decenas diarias. Esto no solo denuncia la extensión del problema, sino también el clamor silencioso de quienes viven con miedo constante.
Este contexto nos obliga a cuestionar las prácticas institucionales y sociales. La falta de información clara, accesible y constante sobre feminicidios y violencia de género limita la capacidad de la sociedad para entender la urgencia del problema y participar en su solución. Cuando los medios de comunicación, las autoridades o los discursos públicos minimizan estos hechos —a menudo revictimizando a las personas fallecidas o responsabilizando a las propias víctimas— se contribuye a un clima de desinterés, normalización y tolerancia con la violencia. Esta revictimización alimenta la indiferencia y permite que los agresores sigan actuando desde la impunidad.
No se trata solo de reconocer números: detrás de cada caso hay una hija, una madre, una hermana, una amiga cuya vida fue arrebatada. La reducción estadística de estos hechos en discursos oficiales o su tratamiento como datos fríos oculta la realidad humana detrás de cada historia. La sociedad no puede permanecer impasible ante la pérdida de vidas por razones de género; no podemos aceptar términos como “casos aislados” cuando la violencia es recurrente y estructural.
Por eso, el llamado no es únicamente a las autoridades para mejorar los mecanismos de reporte, investigación y sanción; es un llamado a toda la sociedad. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar: desde promover la educación y el respeto desde la infancia, hasta cuestionar y desafiar activamente prácticas machistas y estereotipos que normalizan la violencia. Proteger a las mujeres, creer a las víctimas, apoyar a las sobrevivientes y exigir rendición de cuentas a las instituciones son actos que pueden transformar realidades cotidianas.
La lucha contra los feminicidios no es exclusiva de un sector ni de una fecha conmemorativa. Es una lucha permanente que exige que reconozcamos la violencia de género como una crisis humanitaria y social. Debemos exigir transparencia en cifras, investigación con perspectiva de género y, sobre todo, una cultura que no tolere la violencia contra las mujeres ni silencie sus voces. El cambio comienza cuando dejamos de minimizar los hechos y empezamos a actuar con justicia y humanidad; cuando entendemos que proteger a las mujeres y respetar sus derechos no es una opción, sino una responsabilidad colectiva.
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