*Fentanilo: palabra, arma y frontera.
Por Magda Olguín
Cuando Donald Trump equipara al fentanilo con un arma de destrucción masiva no solo eleva el tono del debate sobre las drogas en Estados Unidos: redefine el problema en clave de guerra. La expresión es potente, provocadora y profundamente política. No se trata —al menos por ahora— de una categoría jurídica formal, sino de una narrativa que busca justificar medidas extraordinarias frente a una crisis real: decenas de miles de muertes por sobredosis cada año. El problema es que, al militarizar el lenguaje, se acotan las soluciones y se amplían los riesgos.
Nombrar al fentanilo como “arma de destrucción masiva” implica asumir que su circulación equivale a un ataque deliberado contra la seguridad nacional estadounidense. Bajo esa lógica, el enemigo deja de ser una red criminal compleja y transnacional para convertirse en un agresor que amerita respuestas de excepción. En el imaginario político de Trump, esa excepción habilita desde el endurecimiento penal extremo hasta la presión diplomática, e incluso la insinuación de acciones unilaterales contra los cárteles mexicanos. El lenguaje no es inocente: prepara el terreno para decisiones que, de otro modo, serían políticamente impensables.
Para México, las consecuencias de este encuadre son delicadas. Primero, porque traslada la responsabilidad del consumo estadounidense al territorio mexicano, invisibilizando la demanda interna, las fallas del sistema de salud y la crisis de opioides originada por farmacéuticas y prescripción excesiva. Segundo, porque abre la puerta a una mayor injerencia de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional mexicana, bajo el argumento de la “autodefensa”. Cuando un fenómeno criminal se presenta como amenaza existencial, la cooperación se vuelve subordinación.
Además, esta narrativa tensiona la relación bilateral en el combate a los cárteles. México queda atrapado entre dos fuegos: por un lado, la exigencia de resultados inmediatos en erradicación y detenciones; por el otro, la realidad de organizaciones criminales que operan con alta capacidad de adaptación, financiamiento y control territorial. Declarar al fentanilo como “arma de destrucción masiva” no desmantela laboratorios ni reduce la corrupción; solo acelera la presión para mostrar mano dura, aún a costa de derechos humanos, soberanía y estrategias de largo plazo.
El riesgo mayor es confundir contundencia con eficacia. La historia reciente demuestra que la “guerra” contra las drogas, cuando se plantea como cruzada militar, produce más violencia, más fragmentación criminal y más víctimas colaterales. Si el fentanilo es tratado como arma, la respuesta tenderá a ser bélica; y cuando la política se militariza, la cooperación se erosiona y la confianza se rompe.
El combate al fentanilo exige algo más complejo y menos rentable políticamente: corresponsabilidad real, inteligencia financiera, control de precursores químicos, fortalecimiento institucional y una estrategia de salud pública que atienda la adicción como lo que es, no como un acto de guerra. La retórica de Trump puede ganar aplausos, pero deja a México ante un escenario peligroso: ser señalado como campo de batalla de una crisis que no originó, pero que paga con sangre.
Nombrar al enemigo puede ser útil. Convertirlo en excusa, no.
A quienes leen esta columna, gracias por acompañar estas líneas a lo largo del año.
Les deseo una Navidad llena de paz, cercanía y esperanza; un Año Nuevo con salud, ánimo renovado además de motivos para seguir creyendo en la palabra y en el diálogo.
Que 2026 nos encuentre unidos y atentos a lo verdaderamente importante.
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