¿Terrorismo?
Por Magda Olguín
Hace ya algunos años fui directora de comunicación social en Tula, de entre las tantas anécdotas que puedo contar está la del carro bomba que se suscitó en la Vuelta del Río aquí en El Carmen, para acabarla ese día era el informe de gobierno del edil en turno…
Fue un día caótico que, aunque el ataque fue dirigido a una persona en específico sin causar daños a terceros, llamó mucho la atención a nivel internacional, nombrándolo incluso por una agencia de noticias extranjera “atentado terrorista” y es que, en Europa, por ejemplo, en aquellos ayeres cuando la ETA (extinta en el 2018) estaba en su apogeo, los ataques de este tipo eran muy comunes y eran clasificados de esa manera por algunos periodistas españoles que incluso, recuerdo bien, uno de ellos me dijo “sabemos por lo que están pasando”. Yo, la verdad, hasta lo sentí exagerado.
Traigo a colación el tema ya que el pasado sábado un coche-bomba estalló frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, y dejó, cinco fallecidos y cinco heridos, entre los que hay menores de edad. El ataque contra la sede de la comandancia municipal se da en el marco del proceso de pacificación del estado, la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum después del brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en un evento público.
Al principio la Fiscalía lo clasificó como “atentado terrorista” y luego rectifico y lo clasificó como “delincuencia organizada” lo anterior abrió el debate nuevamente ¿cómo deben ser clasificados estos ataques en la actualidad en México en medio de la ola de violencia que se vive en el país?
La propuesta de reclasificar el delito de “delincuencia organizada” como “terrorismo” ha generado un debate necesario, pero también peligroso. No es casual que resurja justo en un momento en el que la violencia criminal parece desafiar abiertamente al Estado y las instituciones se muestran debilitadas o rebasadas. Sin embargo, convertir a los grupos delictivos en terroristas por decreto no solo no resolverá el problema de fondo, sino que abrirá la puerta a consecuencias políticas y jurídicas que podrían dañar aún más a la sociedad.
Llamar terrorismo a todo acto que genera terror puede parecer lógico en un país que lleva años enfrentando masacres, ataques coordinados, quema de vehículos y mensajes públicos exhibiendo fuerza criminal. Pero el concepto de terrorismo, en el derecho internacional, no se define por el impacto emocional, sino por la intención política o ideológica que motiva a quienes lo cometen. La delincuencia organizada, por el contrario, busca dinero, control territorial y poder económico. Cuando se amplía el término terrorismo hasta abarcarlo todo, se corre el riesgo de que deje de significar algo útil. La solución no está en estirar definiciones, sino en enfrentar la realidad con estrategia y honestidad.
Un Estado que clasifica como terrorismo lo que no lo es podría estar disfrazando su incapacidad para desarticular estructuras criminales, combatir la corrupción o fortalecer sus instituciones. Además, la etiqueta de “terrorista” no solo endurece penas: habilita un conjunto de medidas extraordinarias que, mal aplicadas, pueden derivar en abusos, violaciones a derechos humanos o persecución política. La historia muestra que cuando un gobierno obtiene facultades extraordinarias, muchas veces termina utilizándose no solo contra criminales, sino contra opositores, periodistas incómodos o movimientos sociales que incomodan al poder.
Por supuesto, hay regiones donde los actos de los grupos criminales parecen calcados de manuales terroristas. Los mensajes de terror colectivo, los ataques indiscriminados y la exhibición pública de violencia generan un daño psicosocial que reconfigura la vida diaria de miles de personas. Pero si el Estado renuncia a distinguir entre crimen organizado y terrorismo, también renuncia a diseñar políticas específicas para cada fenómeno. No todo requiere la misma respuesta, y confundirlos solo evidencia falta de profundidad.
En vez de debates nominales, lo que el país necesita es fortalecer las instituciones que ya existen para combatir la delincuencia organizada: inteligencia financiera real, policías capaces, ministerios públicos preparados, jueces protegidos y libres de presión, y una política sostenida contra la corrupción que sostiene al crimen desde dentro del aparato gubernamental. Reclasificar no es combatir. Renombrar no es resolver.
Llamar terrorista al criminal puede aliviar la indignación social y aparentar firmeza, pero es una solución cosmética. La verdadera solución exige un Estado que funcione, que investigue, que detenga, que procese y que condene con pruebas, sin fabricar culpables y sin usar la ley como arma política. La seguridad no se construye con etiquetas, sino con resultados. En ese sentido, el debate debería partir de lo esencial: si al Estado le cuesta perseguir el delito bajo la figura que ya tiene, ¿qué lo hace pensar que podrá hacerlo mejor bajo otra más compleja y extraordinaria?
En un país lastimado por la violencia, se necesita claridad, no confusión. Se necesita responsabilidad, no atajos discursivos. Y se necesita, sobre todo, voluntad política para enfrentar un problema que no desaparecerá cambiándole el nombre.
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