La Azotea

Tula: entre el miedo y la responsabilidad pública.
Por Magda Olguín
La violencia que atraviesa Tula de Allende ya no es un fenómeno aislado ni excepcional: es un hecho que trastoca la vida cotidiana, altera rutinas, condiciona el esparcimiento y obliga a preguntarnos qué tan seguros estamos en los espacios que antes considerábamos parte natural de nuestra convivencia. El ataque armado ocurrido recientemente en el bar La Resaka, donde perdieron la vida varias personas y otras resultaron heridas, confirmó de forma brutal la fragilidad de la seguridad pública en nuestro municipio.
En la conferencia de prensa posterior a los hechos, las autoridades estatales declararon que el establecimiento era un “lugar poco recomendable” y recordaron que espacios como este suelen operar fuera del horario permitido o son frecuentados por personas vinculadas a grupos delictivos. El mensaje fue claro: no son sitios seguros y no deberían visitarse. Sin embargo, esa postura abrió una herida todavía más profunda: si no debemos ir a ciertos bares, centros nocturnos o espacios que forman parte de la vida social, ¿a dónde puede acudir entonces la ciudadanía? ¿A qué lugares “sí recomendados” aspira una comunidad que, en teoría, debería tener derecho a transitar y convivir en paz, sin miedo a ser víctima de una balacera?
Es preocupante que, en lugar de garantizar seguridad, las autoridades sugieran evitar ciertos lugares, como si el problema fuera la elección del sitio y no la presencia de grupos criminales capaces de atacar a plena madrugada sin ser contenidos por el Estado. La recomendación termina por trasladar la responsabilidad a los ciudadanos, insinuando que quienes resultan afectados se expusieron “por estar en el lugar equivocado”. Pero en una democracia real no existen lugares prohibidos para la gente común. La autoridad no puede limitarse a advertir; debe proteger.
La violencia en Tula no es nueva, pero sí se ha intensificado. Reportes oficiales indican que en los primeros diez meses del año se han registrado más de treinta homicidios dolosos, muchos de ellos cometidos con arma de fuego. Ese es el contexto en el que ocurrió la masacre del fin de semana: un ambiente de impunidad creciente donde los criminales operan con confianza y la población vive con la incertidumbre de preguntarse si salir a cenar, a bailar o a tomar un café es un riesgo que conviene evitar.
Pero también es cierto que, aunque la responsabilidad de la seguridad recae en el Estado, la sociedad civil no puede permanecer inmóvil. Frente al miedo, la desinformación y la normalización de la violencia, hay tres caminos urgentes que debemos emprender.
Primero, exigir rendición de cuentas. La ciudadanía debe demandar que las autoridades expliquen de manera puntual qué acciones están tomando para frenar la violencia, cuáles son los avances de las investigaciones y qué estrategias se implementarán para recuperar espacios nocturnos y de convivencia. Tula no puede convertirse en un municipio donde la recomendación sea “no salgas”, sino en uno donde salir sea un derecho seguro.
Segundo, recuperar y fortalecer la vida comunitaria. Espacios públicos iluminados, actividades culturales, deportivas y recreativas, así como programas para jóvenes que brinden alternativas reales a la soledad o al ocio desordenado, son indispensables. Una comunidad viva y activa es mucho más difícil de someter por el crimen.
Y tercero, organizarse como sociedad civil. Colectivos ciudadanos, mesas de seguridad vecinal, observatorios ciudadanos y plataformas de denuncia anónima fortalecen el tejido social. Nadie debería callar por miedo o resignación; el silencio sólo beneficia a quienes lastiman a la comunidad.
Tula no merece una vida reducida al encierro ni una narrativa que culpe al ciudadano por estar donde “no debía”. Merece autoridades capaces, instituciones fortalecidas y una ciudadanía que no renuncie a su derecho de habitar su propio municipio. La tragedia reciente no debe convertirse en otra estadística, sino en un punto de inflexión: el momento en que Tula entienda que la seguridad no se construye con advertencias, sino con responsabilidad pública y participación social.
Si los espacios actuales “no son recomendables”, la pregunta no es “¿por qué fuimos?” sino “¿por qué no son seguros?” Y esa es una pregunta que la autoridad está obligada a responder.
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