La Azotea

Productores y transportistas al límite.
Por Magda Olguín.
“El precio justo no es un capricho”, advierte un productor que bloquea una de las carreteras principales del país mientras sostiene una cartulina roída por el sol. Su frase, simple y contundente, sintetiza el hartazgo del sector agropecuario y de los transportistas que desde el lunes paralizan aduanas, casetas y vías federales en más de veinte estados. La protesta no surge de un arrebato momentáneo, sino del agotamiento acumulado ante un gobierno que, lejos de construir soluciones estructurales, ha optado por minimizar, fragmentar o politizar las demandas de quienes sostienen —literalmente— el alimento y el movimiento del país.
Los agricultores han observado cómo la producción de maíz, uno de los granos estratégicos para la soberanía alimentaria, enfrenta descensos preocupantes. Para 2024, las estimaciones oficiales colocaron la producción total en apenas 25.1 millones de toneladas, cifra menor respecto a años anteriores y afectada por sequías y una falta crónica de apoyos técnicos y financieros. Con costos de producción cada vez más altos y precios de venta que no cubren ni lo básico, miles de productores se ven obligados a vender por debajo del costo, endeudarse o abandonar sus tierras. El sector primario muestra señales intermitentes de recuperación, pero la realidad cotidiana en las zonas rurales es de márgenes desplomados, incertidumbre y un abandono institucional que se vuelve evidente cada vez que los campesinos deben recurrir al bloqueo como última forma de ser escuchados.
A esa crisis se suma el drama diario de los transportistas. Los robos en carreteras —más de once mil quinientos en 2024, según gremios y reportes sectoriales— han convertido el trabajo de manejar un camión en un oficio de alto riesgo. Las bandas que operan en los corredores logísticos del país actúan con capacidad creciente y con una impunidad que desnuda la falta de coordinación entre niveles de gobierno. Cada asalto no solo implica un daño económico: hay choferes desaparecidos, ataques violentos y secuelas que ni las aseguradoras ni las autoridades se hacen cargo de atender. El gobierno, sin embargo, responde con operativos fugaces, anuncios incompletos y una estrategia de seguridad fragmentada que solo alimenta la percepción de desprotección.
Frente a esta realidad, la postura gubernamental ha sido errática. Antes que reconocer la profundidad del problema, el Ejecutivo ha optado por descalificar las protestas tachándolas de manipuladas o exageradas. Con ello desperdicia la oportunidad de diálogo y profundiza la fractura con sectores estratégicos para el funcionamiento nacional. Cuando sí se anuncian medidas, estas suelen ser incompletas, parciales, focalizadas en regiones específicas o destinadas a apagar el incendio de la semana. Así ocurre con los incrementos temporales al precio de garantía o las mesas de negociación improvisadas que, más que soluciones de política pública, parecen esfuerzos para ganar tiempo y dispersar el descontento.
El país necesita exactamente lo contrario: una política integral, seria y con visión de largo plazo. México requiere un marco nacional de comercialización que garantice precios mínimos indexados a los costos reales de producción, acompañado de apoyos diferenciados para pequeños y medianos productores. Un sistema transparente de compras públicas que favorezca el producto nacional fortalecería mercados y reduciría la dependencia de importaciones que hoy desplazan al agricultor local. En materia de seguridad, urge un plan operativo realista: rutas seguras patrulladas de manera permanente, inteligencia para desmantelar bandas dedicadas al robo de carga, convoyes protegidos en horarios críticos y una ventanilla única para denuncias que ofrezca tiempos de respuesta verificables. No es una petición extraordinaria; es el mínimo indispensable para garantizar la integridad de quienes conectan al país.
La falta de transparencia tampoco ayuda. En un contexto donde productores y transportistas perciben abandono, la información confusa o la ausencia de datos claros sobre costos de producción, precios de garantía o avances en la negociación alimentan la desconfianza y legitiman la permanencia de los bloqueos. El gobierno necesita una interlocución seria, con reglas claras, compromisos verificables y presencia de observadores independientes que den certeza a ambas partes. Solo así podrá reconstruir la credibilidad perdida.
Hoy, los bloqueos no son una anécdota ni un capricho sectorial: son el síntoma de un sistema que está dejando solos a quienes alimentan y mueven al país. Si el gobierno continúa respondiendo con descalificaciones o paliativos temporales, las tensiones volverán a escalar y el costo será mayor: afectaciones económicas graves, crisis de abastecimiento, más violencia en los corredores carreteros y una ruptura aún más profunda entre sociedad y Estado. Lo que está en juego es la capacidad de México para garantizar su propia seguridad alimentaria y logística. Escuchar, negociar con responsabilidad y actuar con visión de Estado no es una concesión: es una obligación democrática.
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