*Sociedad civil: no más silencio
Por Magda Olguín
La marcha del pasado 15 de noviembre dejó en claro que una parte significativa de la sociedad mexicana se cansó de esperar soluciones desde el poder. Miles de jóvenes —pero también madres, maestros, trabajadores y colectivos ciudadanos— tomaron las calles en distintas ciudades del país para exigir seguridad, justicia, transparencia y un gobierno dispuesto a escuchar. No fue una marcha menor ni un gesto aislado. Fue la evidencia de que la inconformidad social tiene raíces reales y que la participación ciudadana en México está buscando nuevas vías para manifestarse más allá de las urnas.
Para comprender la relevancia de esta movilización, basta recordar que en la elección presidencial de 2024 la participación ciudadana alcanzó alrededor del 61% de la lista nominal. Un porcentaje considerable, que muestra un compromiso democrático, pero que también deja ver que casi 4 de cada 10 mexicanos no acudieron a votar. Ese vacío de participación electoral se refleja luego en las calles: quienes no confían en las instituciones formales buscan espacios alternativos para expresar su descontento. Incluso entre quienes sí votaron, una parte percibe que las promesas hechas en campaña se diluyen al llegar al poder, alimentando la frustración colectiva.
En este contexto, la marcha del 15 de noviembre no fue solo una protesta; fue un mensaje. Un mensaje dirigido a un gobierno que, en lugar de escuchar, respondió minimizando. Señalar que la convocatoria se difundió desde “cuentas de IA” o que los manifestantes fueron manipulados es ignorar el cansancio ciudadano frente a la violencia, la corrupción y la falta de resultados. Cuando se desestima la legitimidad de una protesta, lo que se hace es deslegitimar también las preocupaciones que la originan. Y eso, lejos de resolver el problema, lo profundiza.
La sociedad civil organizada tiene un desafío enorme: convertir la indignación en fuerza cívica y política. Para ser escuchada, debe articularse de manera más amplia, sumar causas, construir pliegos de demandas claras y sostenibles, generar alianzas intergeneracionales y encontrar formas institucionales para presionar al poder. Las marchas son importantes, pero la continuidad y la estructura son indispensables. De lo contrario, el riesgo es quedar atrapados entre la efervescencia del momento y el olvido que llega cuando el gobierno decide ignorar.
Si la sociedad civil no es escuchada, las consecuencias pueden ser graves. La primera es la desilusión democrática: cuando las instituciones no responden, la ciudadanía pierde la fe en los mecanismos que deberían protegerla. También existe el riesgo de una escalada en la tensión social: si la protesta pacífica no obtiene respuesta, algunas voces podrían radicalizarse, generando escenarios más complejos. Y, quizá el peligro más silencioso, es la apatía: ciudadanos que, tras no ser escuchados, dejan de participar por completo.
Los problemas que motivaron la marcha —inseguridad, impunidad, corrupción, falta de contrapesos— no desaparecerán ignorándolos. Son problemas profundamente nacionales, que requieren voluntad política para abordarse. Por eso, desestimar la protesta no solo es irresponsable: es políticamente miope. Un gobierno que se dice democrático no puede permitir que las calles se conviertan en el último recurso de quienes ya no encuentran canales institucionales para expresar su voz.
La marcha del 15 de noviembre es, en muchos sentidos, el síntoma de un país que exige ser escuchado. La sociedad civil ha hablado; ahora será responsabilidad del gobierno decidir si escucha o si insiste en gobernar de espaldas a quienes debería servir. Porque cuando un país marcha, lo hace no para derrocar, sino para recordar que la legitimidad del poder siempre, sin excepción, nace de su pueblo.
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