Como prevención ante la llegada de más lluvias. “Todos somos Tula” y la “Gran Asamblea de Damnificados” expresaron por escrito sus demandas.
Representantes de la sociedad civil y damnificados de las inundaciones de 2021 en Tula exigieron a la Delegación de CONAGUA en Hidalgo el cumplimiento inmediato de los acuerdos alcanzados en recientes mesas de trabajo, particularmente la instalación de una Contraloría Social que supervise las obras de desazolve del río Tula, ante el riesgo de lluvias extraordinarias previsto para septiembre de 2025.
La asociación Todos Somos Tula informó mediante un escrito
que, durante una reunión convocada por el delegado estatal de CONAGUA, se reconoció la urgencia de intervenir el cauce del río, acordando el inicio de trabajos el 4 de julio de 2025. En ese marco, se estableció que la entrega del finiquito de la obra quedará condicionada a la instalación formal y autorización del Comité de Contraloría Social, que tendrá la misión de supervisar las labores, proteger a las familias y preservar el patrimonio comunitario.
La organización planteó de manera puntual sus demandas:
- Registro inmediato del Comité ante la Delegación de CONAGUA en Hidalgo.
- Emisión de constancia de registro en un plazo máximo de cinco días hábiles.
- Acceso completo a información pública, con asesoría técnica y legal.
- Que se formalice que el pago final de la obra quede condicionado a la operación efectiva del Comité.
Por su parte, la Gran Asamblea de Damnificados de Tula 2021, integrada por representantes de 70 calles afectadas por la inundación del 6 y 7 de septiembre de ese año, también participó en la mesa de trabajo convocada por CONAGUA, donde el delegado expresó su preocupación por los riesgos de nuevas lluvias y llamó especialmente a los vecinos de la zona centro a mantenerse vigilantes.
En ese contexto, la Asamblea exigió:
- Información real, oportuna y técnica, sin ambigüedades.
- Creación inmediata de una Contraloría Social con ciudadanos supervisando cada paso de la obra, como garantía de transparencia y rendición de cuentas.
- Reparación total de los daños ocasionados por maquinaria en calles, caminos y espacios afectados.
- Acciones reales de prevención más allá del desazolve: rehabilitación de bordos, recorridos en comunidades en riesgo y planes de contingencia claros.
Ambos grupos coincidieron en señalar que están dispuestos al diálogo responsable y transparente, pero también advirtieron que, de no cumplirse los acuerdos, tomarán las medidas necesarias para frenar cualquier abuso o incumplimiento por parte de autoridades o particulares.
“El diálogo comienza con la confianza, con claridad y verdad”, sentenció la Asamblea de Damnificados, al tiempo que Todos Somos Tula reiteró: “No seremos objeto de engaños ni burlas”. (MGP)