

Huichapan, Hgo.– La disputa por el control del pozo de agua en la comunidad de Llano Largo continúa intensificándose y ya derivó en afectaciones directas para las familias de la zona, luego de que el suministro permaneciera suspendido durante varios días. El conflicto, que vecinos atribuyen a intereses políticos y a la disputa por la administración del recurso hídrico, ha expuesto presuntas irregularidades, confrontaciones y la irrupción de actores municipales en una infraestructura considerada vital para la localidad.
Desde enero, habitantes han denunciado que un grupo encabezado por Guillermo “El Canelo” Olvera, en el que se menciona también a Juventino Olvera, Abundio Olvera, Gerardo Olvera, Javier Olvera, Kalusha Uribe y Gustavo González, intentó sin éxito destituir al comité legítimo del agua y asumir el control del pozo. La asamblea comunitaria ratificó entonces a los responsables formales del manejo del servicio.
Tras ese revés, vecinos señalan que los inconformes emprendieron una campaña de descalificación contra el comité, presuntamente apoyados en personas beneficiadas históricamente por conexiones irregulares, entre ellas —según testimonios— el regidor priista Omar Cruz Minutti, a quien se relaciona con el uso de tomas no reguladas para abastecer nuevas viviendas, incluida la suya.
Según los habitantes, estas prácticas habrían sido toleradas por administraciones municipales pasadas, hasta que la actual autoridad local exigió instalar medidores y pagar el consumo real, lo que detonó el conflicto.
La tensión escaló este domingo, cuando un comité conformado recientemente —y cuya legitimidad ha sido cuestionada tanto por vecinos como por autoridades municipales— tomó posesión de las instalaciones del pozo con apoyo del delegado Juventino Olvera y de habitantes identificados como parte del mismo grupo político. A raíz de esta intervención, el suministro quedó suspendido durante varios días, afectando a decenas de familias.
Los pobladores interpretaron esta acción como un intento de control político del pozo, lo que generó molestia generalizada.
Ante la falta de agua, la presidenta municipal de Huichapan, Yeymi Solís Zavala, acudió a Llano Largo para dialogar con autoridades auxiliares y acordar la reapertura del pozo. La alcaldesa explicó que el encuentro avanzaba en orden con el delegado y subdelegado, cuando el regidor Omar Cruz Minutti irrumpió acompañado de un grupo de personas, lo que tensó la reunión.
“El agua es un derecho humano y mi deber es garantizar su acceso. La reunión avanzaba con acuerdos claros, pero el regidor Omar Cruz azuzó a un grupo de personas para irrumpir en la mesa y generar tensión, sin permitir el diálogo pacífico”, declaró la presidenta municipal, quien atribuyó la confrontación a fines políticos.
La alcaldesa subrayó que el Ayuntamiento respeta la autonomía de los comités, pero intervino debido a la urgencia provocada por la interrupción del servicio.
Vecinos relataron que, tras tomar el pozo, el nuevo comité —integrado por personas afines al regidor Cruz Minutti, el delegado Juventino Olvera y el ingeniero Abundio Olvera— alentó a un pequeño grupo de habitantes a romper candados e ingresar al cuarto de control de bombas, asegurando que desconocían al comité anterior y que tenían autoridad para operar el sistema.
Sin embargo, no lograron activar la bomba ni restablecer el servicio. Al día siguiente, los intentos fallidos continuaron, lo que incrementó el enojo de la comunidad.
Frente a las críticas, el grupo utilizó al vocero de la iglesia local para difundir un mensaje en altavoces atribuyendo la falta de agua a un supuesto daño ocasionado por el comité anterior. La versión fue recibida con escepticismo por muchos vecinos, quienes exigieron claridad.
En una nueva reunión comunitaria, el regidor Cruz Minutti volvió a responsabilizar al comité legítimo de las fallas, mientras que el ingeniero Abundio Olvera intentó explicar la situación, sin que sus afirmaciones fueran respaldadas por información técnica verificable.
Los habitantes expresaron nuevamente su inconformidad ante lo que consideran una intervención política en un tema estrictamente comunitario. Para ellos, este conflicto no es reciente: forma parte de una lucha por el control del pozo que, afirman, busca mantener privilegios e influencias en torno al uso del agua.
La posibilidad de que la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA) intervenga para investigar presuntos adeudos y tomas irregulares se ha mencionado entre los propios vecinos, quienes exigen que se revisen responsabilidades y se sancione cualquier acto que haya afectado el suministro.
Mientras tanto, la presidenta municipal sostuvo que el Ayuntamiento continuará actuando solo para garantizar el derecho al agua y restablecer la tranquilidad:
“Huichapan no puede permitir que intereses personales pongan en riesgo el acceso al agua de sus habitantes.”
