Por Javier Alejandro Maldonado Cedillo
La palabra militarización, es una palabra compleja y admite diversas aproximaciones teóricas. Barrón (2008) la define como el proceso mediante el cual las Fuerzas Armadas adquieren una posición preponderante dentro del Estado, influyendo de manera directa en el diseño de las instituciones básicas, en la forma de gobierno, en los derechos y deberes de la ciudadanía y en la asignación de recursos públicos a funciones militares. Desde esta perspectiva, la militarización supone la ampliación de la presencia castrense en ámbitos tradicionalmente civiles.
En una línea complementaria, Ramalho, Diamint y Sánchez (2020) sostienen que la militarización se expresa en la incorporación de actores militares al proyecto político del Estado. Este planteamiento permite comprender el caso mexicano, donde, tras la Revolución Mexicana, se configuró un sistema político con una notable presencia militar. No obstante, a partir de un proceso gradual de institucionalización, particularmente desde la década de 1940, el Ejército y la Marina comenzaron a desempeñar funciones de apoyo a las autoridades civiles en tareas ajenas a su competencia original. Con el tiempo, dicha participación se amplió hasta derivar en la integración y conducción de instituciones civiles, sobre todo en el ámbito de la seguridad pública, como la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Procuraduría General de la República y, posteriormente, la Guardia Nacional.
Este proceso se ha desarrollado de manera paralela a la intensificación de la lucha del Estado contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Estas organizaciones criminales ampliaron progresivamente su radio de acción hacia actividades como el contrabando, el robo y el tráfico de armas y personas migrantes, llegando en algunos casos a sustituir funciones propias de la autoridad. Como consecuencia, las capacidades de las instituciones civiles se vieron debilitadas, lo que propició que los gobiernos recurrieran de forma recurrente al apoyo de las Fuerzas Armadas para atender problemas que excedían su mandato constitucional. Posteriormente, estas intervenciones fueron acompañadas por procesos normativos orientados a formalizar su participación.
A partir de 1994, la presencia militar en tareas de seguridad pública se incrementó de manera significativa. En el año 2000, esta tendencia se profundizó al incorporar a la delincuencia organizada dentro del ámbito de actuación de la autoridad militar. En 2006, la participación castrense se intensificó aún más con la implementación de operativos permanentes en el combate al narcotráfico. Para 2012, dicha presencia se consolidó mediante acciones continúas orientadas a la prevención y atención de amenazas internas.
Desde 2018, lejos de revertirse, este fenómeno se mantuvo y se amplió. La pandemia por COVID-19 incrementó la participación del Ejército y la Marina en tareas de salud pública, lo que posteriormente derivó en la asignación de nuevas responsabilidades. Entre estas se encuentran el combate al robo de combustible, la distribución de libros de texto, el reparto de fertilizantes, la recolección de sargazo, el resguardo de las fronteras norte y sur y la atención de los flujos migratorios. Asimismo, las Fuerzas Armadas asumieron un papel central en la ejecución de proyectos de infraestructura considerados estratégicos, como la construcción y administración de aeropuertos, sistemas ferroviarios, bancos, viviendas y cuarteles, además de participar en programas de reforestación, entrega de apoyos sociales, traslado de valores, custodia de instalaciones estratégicas, transporte de combustibles, vigilancia de hospitales y control de aduanas marítimas y terrestres, así como en la administración de diversos puertos del país.
Ante este escenario, resulta pertinente cuestionar si la creciente participación militar ha generado resultados positivos en actividades que tradicionalmente correspondían a las autoridades civiles. Desde una perspectiva sustentada en la experiencia de colaboración profesional con militares en activo y en situación de retiro, puede afirmarse que su forma de trabajo se caracteriza por altos niveles de disciplina, orden y eficiencia operativa. Sin embargo, la doctrina militar suele resultar distante del ámbito civil, lo que hace necesario analizar con mayor detenimiento la pertinencia de las tareas asignadas y establecer mecanismos de evaluación del desempeño con un enfoque cívico-militar. Este aspecto adquiere especial relevancia en el contexto de la nueva administración pública en México, donde se observa una creciente adopción de esquemas organizativos y prácticas de gestión de origen castrense en áreas tradicionalmente civiles.
Finalmente, resulta indispensable evaluar de manera crítica los efectos institucionales, políticos y sociales derivados del uso de las Fuerzas Armadas en actividades que no se relacionan de forma directa con sus funciones constitucionales, como la defensa de la soberanía nacional, la preservación de la seguridad interior, el auxilio a la población civil en casos de desastre, la realización de actividades cívicas y la contribución al desarrollo nacional.
A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta para la reflexión:
¿Consideras que el gobierno de México debería reducir las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas y reorientarlas a sus tareas constitucionales, o bien mantener su participación en los proyectos nacionales?