*Santander, cómplice por omisión: así obliga a inocentes a pagar fraudes.
Por Claudia Patricia Rodríguez Dorantes
No es un error ni un malentendido: es un abuso sostenido en omisiones que el banco pretende justificar con una sola frase: “usted es dueña del plástico y del NIP”. Con esa respuesta, Santander intenta cerrar un caso que muestra fallas graves y una indiferencia que indigna.
Hablo de una persona muy cercana a mí, atrapada desde hace once meses en un crédito que nunca pidió, producto de un fraude cometido en el propio cajero del banco. La historia duele porque no es solo el robo: es todo lo que pasó después, lo que Santander permitió y sigue permitiendo.
En la sucursal del centro de Tula, el propio personal admite que este tipo de robos son frecuentes. Lo saben y no han hecho nada para evitarlos: ni supervisión, ni refuerzos de seguridad.
Por contrato y por las disposiciones financieras vigentes, Santander debe avisar cada movimiento en la cuenta, y siempre lo hace: notifica retiros, compras e incluso simples consultas de saldo. Pero “casualmente” no notificó ni la solicitud ni la autorización del crédito.
Cuando comenzaron a llegar las notificaciones de los cargos, eran inexplicables, porque en realidad no tenía dinero en su cuenta. Solo después, al tener acceso al estado de cuenta, se supo lo que había ocurrido: el crédito se solicitó y se autorizó en menos de DOS HORAS, sin que ella pudiera enterarse ni reaccionar.
Las disposiciones financieras permiten cancelar un crédito dentro de un plazo de gracia si no se ha gastado y se solicita en los primeros días. Pero si nunca notificaron que existía,
¿Cómo ejercer ese derecho? El banco le cerró cualquier posibilidad de detenerlo desde el inicio.
Durante 24 horas, mientras los cargos aparecían uno tras otro en su celular, intentó llamar una y otra vez para saber qué pasaba y, en todo caso, suspender cualquier operación. Nadie contestó. Esa falta de respuesta fue el permiso perfecto para que el ladrón siguiera gastando el dinero sin ningún obstáculo.
Diez meses después, Santander sigue sin entregar un solo documento que explique las condiciones del crédito: ni tasas, ni plazos, ni montos totales. Y cada mes aparece un cargo adicional por un seguro que jamás solicitó ni autorizó.
El 45% de su pensión, su único ingreso, se destina a pagar un crédito que no pidió. Incluso la CONDUSEF recomienda no rebasar el 30% de la capacidad de pago. Aquí se cobra casi la mitad de su ingreso a alguien que ni siquiera solicitó el crédito.
Diez meses, tres quejas, plazos legales incumplidos y una Unidad Especializada que tardó tres meses más de lo permitido en contestar… para decir lo mismo de siempre: “usted es dueña del plástico y del NIP”. Ni una palabra sobre las notificaciones omitidas, ni sobre el derecho negado a cancelar el crédito, ni sobre el silencio en la línea de atención, ni sobre los cobros indebidos.
Hoy, esta persona sigue atrapada, obligada a pagar por un crédito que no pidió, mientras Santander se mantiene en silencio y cómodo en su indiferencia. Cada mes le quitan casi la mitad de su pensión, no por un error involuntario, sino por un sistema que falló en cada paso y que prefiere mirar hacia otro lado antes que reconocer su responsabilidad.
Un crédito que no pidió, notificaciones que nunca llegaron, un derecho que no pudo ejercer y un banco que guarda silencio mientras descuenta casi la mitad de su pensión. Si eso no es complicidad, entonces ¿qué es?
Escríbanme a claurodriguezdor@gmail.com.