Tlahuelilpan: informe, cifras y pendientes.
Por Claudia Patricia Rodríguez Dorantes
El 21 de enero de 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial relacionado con los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, cuando una fuga de combustible en una toma clandestina derivó en un incendio de gran magnitud.
El documento presenta una cronología detallada. Ese día, una toma clandestina fue detectada en un ducto propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX). La noticia se difundió rápidamente por redes sociales, lo que provocó que más de 800 personas acudieran al lugar.
La presión del ducto aumentó la fuerza de la fuga, generando una columna de combustible de más de 10 metros de altura.
Elementos de la entonces Gendarmería y de la Secretaría de la Defensa Nacional se presentaron en el sitio, aunque no lograron contener a la multitud. Cerca de las 19:00 horas se originó un incendio que dejó un saldo de 138 personas fallecidas, entre ellas 13 adolescentes y 10 mujeres.
Además del registro de los hechos, el informe advierte sobre varios aspectos estructurales:
• La necesidad de fortalecer las acciones para reducir las tomas clandestinas.
• El deterioro en el mantenimiento de la infraestructura de los ductos.
• El uso de tecnología obsoleta e incompleta por parte de PEMEX.
• Un daño ambiental significativo derivado del incidente.
Entre las propuestas emitidas por la CNDH, se incluyen:
• La elaboración de un programa de remediación ambiental por parte de autoridades federales, estatales y municipales.
• La creación de un plan de atención integral —individual y colectivo— para las personas afectadas, que contemple atención médica, psicológica, terapéutica y el restablecimiento de su dignidad.
• La implementación de medidas para prevenir la repetición de hechos similares.
• El diseño de campañas para sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados a la extracción ilegal de combustible.
Asimismo, se recomienda que PEMEX garantice a los 13 sobrevivientes acceso efectivo a servicios médicos, psicológicos y de rehabilitación. Estas medidas buscan atender tanto las consecuencias directas del suceso como las condiciones que lo hicieron posible.
Este informe no solo recupera lo sucedido, sino que deja en claro lo mucho que aún falta por atender. Más allá de las cifras, hay historias interrumpidas, familias afectadas y una comunidad que aún espera respuestas. Reconstruir la confianza y la seguridad requiere más que protocolos: exige presencia, seguimiento y voluntad sostenida para que hechos como este no se repitan.
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