*Gobierno municipal de Atotonilco inició procedimiento ante la fiscalía por irregularidades detectadas en la obra; padres de familia mantienen exigencia para concluir la escuela.
Por Lupita Rodríguez Ordaz
ATOTONILCO DE TULA, Hgo.- Tras la manifestación de padres de familia de la escuela primaria Primero de Mayo, ubicada en la comunidad de Bóvedas, se realizó una reunión en la presidencia municipal con representantes de la empresa “JP”, autoridades del gobierno municipal y representantes del plantel; sin embargo, la constructora se negó a firmar el documento para liberar el inmueble y permitir la continuación de la obra.
La presidenta municipal, Yocelyn Tovar Mendoza, informó que ante esta situación el ayuntamiento inició un procedimiento ante la fiscalía contra el representante de la empresa. Explicó que el gobierno municipal buscaba únicamente firmar un convenio para liberar el inmueble y así poder ejecutar los recursos destinados a concluir la construcción de la escuela.
La alcaldesa señaló que la obra presenta múltiples irregularidades administrativas, ya que tiene observaciones por más de 21 millones de pesos. Indicó que se detectaron conceptos pagados hasta tres veces, otros que no fueron ejecutados pese a haber sido pagados, además de diversos montos observados, lo que calificó como una “corrupción tremenda”.
Recordó que durante una visita del gobernador Julio Menchaca, los padres de familia entregaron una solicitud para concluir la escuela, tras lo cual se informó al municipio que había sido autorizado un presupuesto de 13 millones y medio de pesos para finalizar la construcción.
No obstante, al revisar el expediente se detectó la magnitud de las irregularidades. Tovar Mendoza explicó que, pese a ello, el gobierno municipal retomó el proyecto y comenzó a trabajar con el área jurídica, enviando invitaciones al contratista para llegar a acuerdos; sin embargo, aseguró que en varias ocasiones no hubo respuesta ni voluntad de participar en las reuniones.
La alcaldesa afirmó que algunas versiones difundidas sobre el caso son falsas y reiteró que el gobierno municipal está actuando conforme a la ley y con procedimientos institucionales. Señaló que el contratista fue notificado, pero “se escondió” y no acudió a las reuniones convocadas.
Respeto al derecho de manifestación
Respecto a las acciones de protesta de los padres de familia, Tovar Mendoza indicó que se respeta su derecho a manifestarse, y añadió que como madre de familia del mismo plantel —donde estudian sus hijas— también se ha sumado a la lucha por la conclusión de la escuela, la cual considera necesaria por los problemas ambientales y de salud que enfrenta la comunidad.
La presidenta municipal detalló que el gobierno estatal informó que es necesario liberar el inmueble para poder comenzar a ejecutar el recurso autorizado, lo cual fue el objetivo de convocar al contratista a firmar el documento correspondiente. Subrayó que esta liberación no exoneraría a la empresa de las observaciones por los 21 millones de pesos, ya que el caso continúa en investigación ante la fiscalía.
Durante la reunión, agregó, la empresa envió a un abogado junto con otra representante, pero nuevamente se negaron a firmar la liberación del inmueble. Señaló que, de acuerdo con la ley, la empresa cuenta con 15 días para responder, por lo que el gobierno municipal esperará a que concluya ese plazo para continuar con el procedimiento solicitado por el Inife.
La alcaldesa también mencionó que la misma constructora realizó la obra de la unidad deportiva de la comunidad de Vito, la cual igualmente presenta observaciones, por lo que se integrará el expediente correspondiente para su revisión.Finalmente, Tovar Mendoza sostuvo que muchas de las irregularidades detectadas son problemas heredados de administraciones anteriores, lo que ha impedido avanzar con rapidez en la ejecución del recurso destinado a concluir la escuela. Indicó que una vez que se cumpla el plazo legal de 15 días, el municipio dará seguimiento al proceso mientras la fiscalía continúa con la investigación. *NI*