*El deber de señalar.
Por Iván Hernández Mendoza
Llevo ya algunas columnas hablando sobre la importancia de la participación ciudadana en distintos procesos públicos: desde la observación y rendición de cuentas hasta la intervención directa o indirecta. Desde la impartición de justicia, pasando por las actividades municipales, hasta los procesos electorales, la ciudadanía es fundamental.
Sin embargo, hemos delegado esa tarea a las y los representantes, volviéndonos espectadores o, como mencioné en la columna pasada, activistas solo cuando es estrictamente necesario. Y hasta cierto punto es entendible: ¿quién tiene tiempo para estar inmiscuido en todos los procesos gubernamentales mientras se ocupa de las peripecias de su propia existencia, que ya de por sí es bastante dura? Aun así, esperamos que en algún punto aquellas personas que ocupan los cargos nos miren y atiendan nuestras necesidades como en teoría deberían hacerlo. Pero, así como los padres que esperan educar a sus hijos solo llevándolos religiosamente al colegio, la transformación nunca llegará.
Al mismo tiempo, históricamente hemos sido víctimas de gobiernos a los que no les gusta ser abiertos. Incluso ahora, en las administraciones más progresistas, se sigue sintiendo una gran opacidad en su actuar. Así que no debería sorprender a nadie que al mexicano promedio le dé pereza involucrarse en la observación política, cuando se le niega el acceso a la información de manera clara y transparente.
Además, siempre que alguien rasca lo suficiente se decepciona al encontrar y denunciar irregularidades, porque se enfrenta al monstruo que domina nuestro país: la impunidad.
Todo este discurso nace de un sentimiento en particular que surgió mientras leía sus comentarios en mis columnas pasadas —que, de antemano, agradezco—. Pero esos comentarios delatan un cierto conformismo a la hora del debate. Pareciera que no estamos acostumbrados, como comunidad, a señalar las acciones del Estado en todos sus niveles. No importa la ideología que nos defina a cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas: es un derecho —y me atrevo a decir que una obligación— ejercer la crítica. Es nuestra responsabilidad.
Hay que recordar que no porque las personas ocupen un cargo de responsabilidad pública están exentas del escrutinio. Y no debemos caer en la falsa idea de que por ocupar un cargo de autoridad les debemos devoción; al contrario, por ese mismo motivo están sujetos a la vigilancia ciudadana. Debe existir una mutua coexistencia entre gobierno y sociedad, donde ambos se construyen y se alimentan mutuamente.
Debatir es sano, y el intercambio de ideas es lo que nos dará la capacidad de encontrar un punto en común, uno en el que todas y todos podamos vivir en un país con un gobierno que sirva realmente a la gente.
¿A qué viene todo esto? Pues a invitar a cada persona a ser observadora y crítica, a alimentar la discusión de forma sana y a unirnos en un solo frente: el del progreso y la transformación que haga frente a los malos gobiernos. Espero seguir leyendo sus puntos de vista y encontrar más formas sanas de discusión en los comentarios de esta columna. *NI*