*El precio de su indiferencia.
Por Iván Hernández Mendoza
La última semana estuvo repleta de situaciones que nos hacen darnos cuenta de que la clase política está cada vez más desconectada de nuestra realidad, tanto a nivel local como nacional.
Es como si, al asumir un puesto de responsabilidad pública, automáticamente perdieran la habilidad de ver con claridad cómo se desenvuelve la vida a su alrededor. Pierden no solo el conocimiento de lo que implica vivir en un país como el nuestro, sino también la empatía y la capacidad de conectar con los miembros de su comunidad.
Tal vez sea el dinero, una cuestión cultural o simplemente una forma de marcar diferencia entre los que están arriba y los que estamos abajo.
Entre más alto es el cargo, más se agudiza esta desconexión. Y no hablo solo de no saber cuánto cuesta un kilo de tortillas o el precio de la canasta básica. Me refiero a algo más preocupante: el desinterés que les provoca el día a día de la población a la que deben su puesto y su salario.
Pasamos de ser elementos imprescindibles durante movilizaciones y campañas, a ser molestos sujetos llenos de quejas “intrascendentes” una vez que obtienen lo que querían de nosotros.
Por ejemplo, mientras el edil de Tula mantiene una guerra contra los regidores —una confrontación cada vez más intensa, con ataques justificados y otros no tanto—, en nuestro municipio, solo en los últimos ocho días, se registraron al menos ocho eventos violentos: ejecuciones a plena luz del día, enfrentamientos armados con la policía, persecuciones, hallazgos de cuerpos sin vida… y la lista podría continuar.
Tenemos a dos personas adultas discutiendo cada semana como si fueran alumnos de preparatoria, mientras en paralelo ocurre al menos un hecho violento por día (hablando solo de los que logran quedar registrados, sin contar los que no llegan a los medios).
Otra forma de desconexión es la de los encargados de la Dirección de Obras Públicas, que al parecer eligieron el inicio del periodo vacacional para comenzar las obras de transformación del Parque de la Tortuga, uno de los pocos espacios públicos que funciona como punto de reunión para las familias de Tula. Mientras las personas que dirigen esta Secretaría presumen cómo pasan sus días en buenos restaurantes o en salidas de sábado a la Ciudad de México, la realidad para la mayoría de las familias del municipio es que tendrán que buscar nuevas formas de pasar su tiempo libre.
Y está también esa desconexión aún más peligrosa: la de quienes piensan que, por pertenecer a la clase política, sus acciones se vuelven intocables. Porque están tan sumidos/as en su investidura que pueden arremeter contra cualquiera que se atreva a cuestionarlos. Un ejemplo claro es el caso de la diputada del PT, Diana Karina Barreras, del cual ya habló en su columna la periodista Claudia Patricia Rodríguez la semana pasada. Este caso es importante porque no solo evidencia una desconexión enorme por parte de figuras públicas, sino también que nuestras instituciones, muchas veces, respaldan estas actitudes.
Así pasan los días: las personas con poder diseñan sus propias agendas, cada vez más alejadas de la realidad. Mientras la presidenta de la República prefiere hablar de videos en tendencia en redes sociales, el país entero está en shock por el caso de la maestra Irma Hernández Cruz, quien fue obligada por sus secuestradores a emitir un mensaje en redes sociales antes de ser ejecutada.
Es tan indignante que podría parecer una burla. Pero la verdad es que su nivel de desconexión es tan alto que ni siquiera les preocupa lo que pensemos de ellos.
Otro ejemplo grotesco es el de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien insiste en que la maestra murió por un paro cardiaco y no por la violencia de sus secuestradores y extorsionadores.
¿Hasta qué punto podremos tolerar estas desconexiones? Tal vez ha llegado el momento de dejar de normalizarlas. *NI*