*En el ejido de San Lorenzo serán afectados 1,750 metros cuadrados de tierras de uso común y luego de negociaciones se acordó que serán pagadas a 400 pesos el metro cuadrado.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
Durante una asamblea con ejidatarios de San Lorenzo, autoridades federales y representantes del proyecto ferroviario México–Querétaro confirmaron que se contempla una estación intermedia en el municipio de Tula, como parte de este ambicioso proyecto que busca conectar la capital del país con Querétaro mediante una inversión de 144 mil millones de pesos.
El tren contará con doble vía, lo que permitirá la operación simultánea de trenes de pasajeros. Se mantendrá el de carga que es más lento, mientras que el de pasajeros alcanzará velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora, permitiendo bajar la velocidad únicamente en zonas densamente pobladas. La finalidad es reducir accidentes y agilizar el tránsito, pues actualmente los trayectos se alargan por el tráfico pesado generado por el transporte de carga en la autopista.
En el salón ejidal, ubicado en El Montecillo, y ante 30 ejidatarios, se explicó que el diseño del trazado busca minimizar afectaciones a las comunidades aprovechando el derecho de vía ya existente y utilizando uno o ambos costados de las vías actuales. El tramo total abarcará 236 kilómetros de vía férrea, divididos en 12 frentes de trabajo, cada uno de aproximadamente 19 kilómetros.
En el caso específico de Tula, el Frente 4 comprende del kilómetro 57 al 76, con trabajos de rehabilitación y construcción de obra complementaria, como terraplenes, viaductos y levantamiento de información técnica.
En Tula se construirán 15 kilómetros de vía nueva y se rehabilitarán 4 kilómetros que convivirán con la vía de carga ya existente. Sobre la definición de estaciones, se explicó que éstas se determinan con base en estudios de oferta y demanda: entre más estaciones, más lento el recorrido.
Se prevén tres tipos de estaciones: terminales (Ciudad de México y Querétaro), intermedias (con mayor infraestructura por mayor demanda) y paraderos (con servicios limitados, pensados para zonas con menor flujo de pasajeros). Por ejemplo, autoridades municipales de Atotonilco de Tula han hablado de que ahí se podría instalar un paradero.
Uno de los beneficios destacados fue la derrama económica local, generada por la construcción, operación y mantenimiento del tren, así como la generación de empleos directos e indirectos, especialmente en el tren de pasajeros.
En el encuentro, se habló de la importancia de no afectar negativamente a los pobladores de las zonas donde se desarrollará el proyecto del tren México-Querétaro, destacando que ya se han hecho acercamientos y se ha compartido información con las comunidades involucradas. Se busca, afirmaron, que las personas ejerzan sus derechos y puedan tener contacto directo con las instituciones responsables.
Respecto al proceso de liberación del derecho de vía, se explicó sobre el convenio de ocupación previa con el Registro Agrario Nacional (RAN), lo cual permitirá inscribir el proyecto y solicitar el permiso correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), antes de proceder con la expropiación. En la asamblea del ejido de San Lorenzo se aprobó autorizar la firma del documento.
En el ejido de San Lorenzo, se informó que habrá afectación en cuatro parcelas, además de caminos interparcelarios. El área de uso común que será afectada asciende a 1,750.606 metros cuadrados, de acuerdo con datos del programa Procede.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) estableció un precio base de 280 pesos por metro cuadrado, lo que representa un total de 490 mil 160 pesos por la superficie afectada. El avalúo también considera siembras, uso de suelo (clasificado como agricultura de temporal con influencia urbana) y el régimen de propiedad, sea privada o social.
Inicialmente, los ejidatarios, encabezados por el presidente del comisariado ejidal Francisco Marcelo Hernández Flores, se opusieron a aceptar los 280 pesos propuestos, después les ofrecieron 330 pesos por metro cuadrado y los integrantes de la asamblea pidieron 480, monto que disminuyó a 400 pesos tras negociaciones.
La Procuraduría Agraria en Hidalgo, representada por Brizet Vargas, informó que el Fifonafe será el encargado de administrar los recursos de la expropiación y entregarlos a los núcleos agrarios. Si se identifican superficies adicionales, éstas también serán pagadas. Además, se aclaró que, en caso de cancelarse el proyecto, no se reembolsarán los recursos entregados.
Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Roberto Landa recordó que se encargarán de la construcción y que se realizaron estudios topográficos por lugares donde va a pasar el tren en la región de Tula, por lo que se espera la liberación del derecho de vía para poder comenzar. El teniente destacó sobre los empleos que se generarán para la obra civil, albañiles, pintores y herreros, en cuanto inicie la obra.
Asistieron a la asamblea: Miguel Contreras, director de Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; Mauro Joel López Franco del Registro Agrario Nacional; Alexis Ballinas, director de Ordenamiento a la Propiedad Rural de la Procuraduría Agraria; Edwin Zamora, representante del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, entre otros. *NI*